La austeridad que solicitan los políticos

Mientras que se anuncian medidas extraordinarias contra la crisis en España, como el aplazamiento parcial a desempleados de los pagos de hipotecas de viviendas no superiores a 170.000 euros o la ayuda de 1.500 euros para los empresarios que contraten a parados o a mujeres maltratadas, los partidos aumentan sus asignaciones por encima del IPC e inflan a impuestos a los ciudadanos con nuevas revisiones, desde el recibo de la luz hasta el transporte público. Ya no hay excusa ni más margen para mantener un sistema en el que el ciudadano no pinta nada, en el que la clase dirigente medra y obtiene beneficios sin que nadie cuestione sus acciones. Si nadie lo remedia, será el ciudadano el que solucione el problema creado no sólo en EEUU, sino también en el resto del mundo, incluida España. Con una sangría laboral sin precedentes, batiendo el récord mundial de despidos en un mes, con empresas que no pueden hacer frente a los pagos de la Seguridad Social y millares cerrando mes a mes, con familias acudiendo a los comedores sociales y esquivando a los acreedores, el presidente Zapatero, que acude a la cumbre de Washington por la caridad de Sarkozy, habla de acudir al G-20 para hablar del hambre en el mundo y del cambio climático. Las facturas de la luz de La Moncloa, la lista interminable de asesores y los gastos vacacionales son sólo tres detalles que remarcan el nivel de injusticia al que se ha llegado con este sistema de Estado. La nula participación de los ciudadanos, cada vez más indignados con los partidos, sin excepción, no hace sino demoler la mejor solución al problema. Los dirigentes actúan sin vigilancia, sin ser recriminados, por lo que España debe encomendarse al buen hacer de unos pocos que no han demostrado eficacia alguna.