El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado de instruir el caso Imelsa, investiga en una pieza separada, la C, al expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus por una operación mercantil para blanquear dinero obtenido de comisiones ilegales a través de sus empresas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En esta pieza, que permanecía secreta hasta ayer junto a la principal del caso, también está investigado un empresario, Jaime Cabot, por un delito de blanqueo de capitales.
En concreto, el juez investiga varias operaciones de compraventa de acciones en las que intervinieron FDM --sociedad familiar de Rus--, la sociedad de valores Arteinvest 2017, también del expresidente de la Diputación, y Geneva Fondo Inmobiliario.
En este asunto, el instructor estima que podría haber una operación "simulada" con la adquisición por parte de Geneva --por 1.800.000 euros-- de un total de 50 participaciones que Arteinvest, a su vez, había adquirido a FDM, y recompra tres años después por 1.200.000 euros.
Según recoge el auto, "existen indicios racionales" de que la primera operación, la constitución de Arteinvest --carente a lo largo del tiempo de toda actividad-- para adquirir las acciones de FDM, "también fue una operación ficticia, supuestamente orquestada para realizar una operación de blanqueo de dinero que el grupo investigador relaciona como presuntamente procedente de la actividad delictiva consistente en el cobro de comisiones por adjudicación de contratos por suministros, obras o servicios durante el desempeño del cargo --de Rus-- como alcalde de Xàtiva".
La pieza C se constituyó en junio para investigar estos hechos de manera separada al resto de las diligencias del caso Imelsa. En ella están investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales Rus y el empresario Jaime Cabot, al haber fallecido la tercera persona que aparece vinculada a Geneva.
En el caso Imelsa hay más de cien investigados --personas físicas y jurídicas-- por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas en Diputación --a través de la empresa Imelsa--; Ayuntamiento --a través de la Concejalía de Cultura-- y Generalitat --a través de la empresa Ciegsa--.
La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. Se estructura en una pieza principal y cinco piezas separadas.
