El tribunal encargado de juzgar a los 37 acusados por las actividades que realizó la trama Gürtel entre los años 1999-2005 ha admitido este lunes la solicitud realizada por la acusación popular ejercida por el PSOE de Madrid de que acudan a declarar como testigos altos cargos del Ejecutivo madrileño por el fraccionamiento de las facturas de los eventos contratados con las empresas de Francisco Correa. No obstante, ha instado a la formación política que decida que 10 responsables quiere que comparezcan.
En las jornadas anteriores, varios de los acusados, como Correa, su 'número dos', Pablo Crespo, o la administradora Isabel Jordán, apuntaron que la Comunidad de Madrid ordenaba trocear facturas. Precisamente, Jordán aseguró que este fraccionamiento era el "pan nuestro de cada día" y que era la Administración Pública la que "decía el concepto que había que cambiar, la persona a la que había que dirigirse o si había que cambiar el año para facturar".
Ante esto, el abogado del PSOE de Madrid, Wilfredo Jurado, solicitó que acudan a declarar como testigos más de 60 altos cargos de la Comunidad de Madrid, insistiendo de este modo en la petición que ya efectuaron antes del inicio de la vista oral.
En el listado del PSOE figuran la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre --que ya está citada a declarar--, su sucesor, Ignacio González, y otras personas con cargos de responsabilidad como el exconsejero Juan José Güemes.
60 PERSONAS SON "MUCHÍSIMAS"
En este sentido, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha afirmado que parece "razonable" aceptar dicha testifical para que aclaren quiénes participaron directamente en el fraccionamiento. Aún así, ha pedido a la acusación que acote el listado a tan sólo 10 testigos, ya que, a su juicio, "son muchísimos" y con la decena ya es un "muestreo suficiente".
Según consta en el sumario de la causa en distintos informes, la Comunidad de Madrid fraccionó decenas de contratos adjudicados a empresas de la trama para la organización de actos para que figuraran como menores y no superaran los 12.000 euros. El objetivo era evitar que la organización de estos eventos tuviera que someterse a concurso.
