El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, ha considerado que detrás del juicio del Pazo de Meirás, que comienza este lunes con la declaración de siete testigos, hay "un transfondo político".
"Lo que se defiende es una propiedad de un inmueble, esperamos que no haya ninguna implicación de tipo político porque es de naturaleza civil", ha insistido.
Así, ha recalcado que, para esta parte, "lo que realmente se trata es la discusión de la propiedad de un inmueble que tanto el Estado como el resto de las instituciones que están personadas abandonaron por completo en el año 75 y solo se acordaron de ello 44 años después".
"No se acordaron cuándo se destruyó, no se acordaron cuándo se incendió, cuándo hubo que reconstruirlo y se acuerdan ahora", ha apostillado.
De cara a la vista, que está previsto que se prolongue hasta el viernes, ha dicho que su objetivo es "defender el derecho de propiedad" de la familia Franco sobre el pazo ubicado en el municipio de Sada.
"Son los legítimos propietarios que han estado manteniendo y pagando todos los impuestos del pazo durante los ultimos 45 años", ha sostenido frente a los argumentos del Abogacía del Estado, que presentó la demanda, y de las demás partes intervinientes que se suman a la misma: la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa.
VENTA "SIMULADA, SEGÚN EL ESTADO
Y es que el debate jurídico, tras una vista previa celebrada en enero y sin posibilidad de acuerdo entre las partes, se prevé que se centre en los calificados por las partes como "hechos controvertidos", en particular la escritura del año 1941 del inmueble. Para la Abogacía del Estado se trata de una escritura "simulada", frente a la "legalidad" de la misma que defiende la familia Franco.
Las administraciones personadas sostienen que la familia del dictador obtuvo el inmueble como resultado de un proceso "coactivo", que el pazo se mantenía con fondos públicos, entre ellos los del Estado que asumía la gestión del pazo como residencia oficial y que había ayuntamientos que colaboraban en su mantenimiento o que pagaron, como el de Ferrol, el pago de impuestos de bienes e inmuebles hasta mediados de los años setenta.
En esta primera sesión del juicio, en la que como demandadas se han personado seis personas de la familia Franco y una sociedad mercantil, está previsto que declaren este lunes el guardia hortelano en el Pazo de Meirás hasta 1990; vecinos de Meirás; un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña y el secretario particular de Carmen Polo Martínez-Valdés y de Carmen Franco Polo, tras el fallecimiento de Francisco Franco.
También lo harán el que fue alcalde de Sada desde 1979 hasta 2007, Ramón Rodríguez Ares y un amigo de la familia Martínez Bordiú Franco y suegro de una de las demandadas, persona que asumió labores de gestión en relación con la rehabilitación del inmueble tras su incendio y parcial destrucción en 1978.
