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Galicia

Los tribunales obligan a la Xunta a rehabilitar el Pazo de Lourizán

En Pontevedra, a pesar de que el inmueble es propiedad de la Diputación de Pontevedra

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  • Tribunales. -

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) concluye que la Xunta está "obligada" a realizar las obras de rehabilitación del Pazo de Lourizán, en Pontevedra, a pesar de que el inmueble es propiedad de la Diputación de Pontevedra.

El convenio firmado entre ambas administraciones, suscrito en el año 2000, cedió al ejecutivo autonómico el uso de este histórico inmueble, en el que la Xunta instaló una serie de centros de investigación agraria en materia forestal.

En julio de 2019, tras un enfrentamiento público para ver qué administración debía hacerse cargo de la rehabilitación de la zona noble del pazo y del conjunto de su finca, que se encuentra en muy mal estado, la Diputación presentó un recurso contencioso-administrativo.

Mientras que la Xunta entendía que la rehabilitación era responsabilidad del dueño de la propiedad, el gobierno provincial defendía que el convenio firmado recogía en una de sus cláusulas que era el usufructuario, es decir, el gobierno gallego, el que debía asumirla.

El alto tribunal gallego determina ahora que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda debe "cumplir con su obligación" de efectuar las obras de conservación "necesarias" para el mantenimiento del pazo pontevedrés.

La sentencia del TSXG, que impone además a la Xunta el pago de las costas procesales, determina el incumplimiento del convenio firmado con la Diputación y señala de no hay "ninguna duda" acerca de la obligación del ejecutivo autonómico en este asunto.

"No hay nada que interpretar atendida la claridad de la cláusula", sentencian los magistrados, que consideran "acreditada" la existencia de este acuerdo y que dicha responsabilidad está siendo "incumplida", cuando "no consta" que la Diputación lo haya hecho con la suya.

Además, el TSXG recuerda que el pazo es un bien catalogado y protegido y que existe por parte de la propia Xunta el "reconocimiento de su deterioro", sin que se "evidencie" la imposibilidad de ejecución de los trabajos de conservación necesarios. 

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