Denuncian masificación en la cárcel de Granada, donde faltan 100 trabajadores

Comisiones Obreras ha denunciado que el centro penitenciario de Albolote (Granada), la segunda cárcel más masificada de Andalucía, tiene un déficit de plantilla de cien trabajadores, dato que afecta a la seguridad de los trabajadores y de los reclusos.

El sindicato ha explicado este lunes que pese a la caída de la población reclusa en el último año, la desigual distribución de las cargas de trabajo penitenciario mantienen a la prisión de Albolote como la segunda más masificada de Andalucía con 1.276 presos y otros 267 condenados que están en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos.

Estas cifras de reos contrastan, según el sindicato, con una plantilla cada vez más reducida en la que permanecen sin cubrir 68 puestos de personal funcionario y 10 de personal laboral, junto a las 16 vacantes del CIS, lo que supone un déficit de un centenar de trabajadores que repercute en la prestación del servicio público y en la seguridad.

El sindicato ha recalcado que uno de los colectivos más perjudicados en la política penitenciaria del Ministerio del Interior es el de la sanidad penitenciaria, con medidas que empeoran sus condiciones laborales para tender hacia la privatización, lo que daña al derecho la salud en condiciones de igualdad dentro de la cárcel.

La falta de recursos y de política preventiva se manifiesta en las agresiones que sufre el personal, que están a la cabeza europea en siniestralidad y violencia en el trabajo.

CCOO ha apuntado además un incremento de las enfermedades mentales en la cárcel, donde cerca del 35 % de la población reclusa granadina tiene algún tipo de patología mental pese a lo que no dispone de ningún recurso psiquiátrico.

Por eso, CCOO ha exigido que se creen de manera urgente creación de unidades psiquiátrica en prisiones y que la cárcel de Albolote cuente con los medios necesarios y personal especializado.

Frente a la opción de invertir 131,3 millones en un gran psiquiátrico proyectado en Valencia, el sindicato ha pedido destinar ese dinero a las comunidades para mejorar su atención a la salud mental de los presos.