Este 22  de marzo de celebra el Día Mundial del Agua y precisamente el agua en Doñana vuelve a estar en el punto de mira y vuelve a ser el motivo de un toque de atención de Bruselas a España.

Ha sido a través de una carta remitida desde la Comisión Europea al Gobierno central, en la que la Unión Europea no duda en emplear un tono muy serio para mostrar su preocupación por la nueva proposición de ley registrada por PP-A y Vox en el Parlamento de Andalucía en relación a la ampliación de las zonas de regadíos en el entorno de Doñana. Si algo deja claro la UE es que habrá consecuencias.

En la misiva, la directora de Medio Ambiente de la Comisión da un plazo de un mes a las autoridades españolas para explicar “cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos”.

Un claro ultimátum dado a España para que ponga en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que obliga a proteger el humedal de Doñana, antes de denunciar de nuevo el caso ante el TJUE para pedir una multa por su incumplimiento reiterado.

Este aviso llega ocho meses después de que Bruselas iniciara el procedimiento de infracción tras constatar que no se está poniendo remedio para proteger el humedal de Doñana, según lo dictado por el TJUE en primer fallo, y advierte del “riesgo” que implica la nueva proposición de ley que se presentó ante el Parlamento de Andalucía el pasado 3 de marzo para poder cumplir la sentencia.

“La aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana”, dice la Comisión en su misiva, en la que también advierte de que “la sobre explotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío”.

Los servicios comunitarios precisan que están examinando la respuesta de España al primer aviso enviado cuando se abrió el expediente sancionador pero advierten de que si sale adelante la ley promovida por la Junta de Andalucía para regularizar los regadíos se produciría una “flagrante violación” de la primera sentencia condenatoria.

Tras esta dura misiva, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien, a través de Twitter, ha señalado que la Comisión Europea “recuerda lo obvio, de sentido común y de obligado cumplimiento” respecto a los ciudadanos, los ecosistemas y “el respeto a las normas”, ya que el Parque Nacional de Doñana “necesita protección”. “Los responsables ambientales no pueden autorizar que se esquilmen sus recursos”, ha añadido.

Por  su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha considerado una “auténtica barbaridad lo que está haciendo” la Junta de Andalucía en relación a Doñana y ha instado al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, a que “deje de jugar con estos asuntos cuando le interesa desde el punto de vista electoral” y a pesar de que “no tiene competencias”.

Desde la Administración andaluza, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha cuestionado este martes la “interlocución” que esté llevando a cabo el Gobierno de España con la Comisión Europea  y se ha ofrecido a acompañar “personalmente” a representantes del Ejecutivo central a Bruselas para explicar a la UE que la nueva proposición sobre los regadíos “en nada perjudica a Doñana”.

En clave política, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha emplazado este martes al presidente de la Junta  a que “sea responsable y coja un avión, se vaya a Bruselas y le explique lo que quiere hacer” con los regadíos del entorno de Doñana y ha advertido del “riesgo cierto” de que “se paralicen los fondos europeos en toda Andalucía”.

Además, Adelante Andalucía ha anunciado que ha registrado una pregunta al respecto para su debate en la próxima sesión de control del Pleno del Parlamento andaluz.