Los letrados de los 13 acusados -entre ellos dos agentes de la Guardia Civil- de sabotear el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la zona de Lepe y de facilitar y dar cobertura necesaria para que las bandas que así lo requirieran lograran introducir alijos de hachís en la costa de la provincia onubense, que se han sentado este lunes en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, han pedido al tribunal la nulidad de las actuaciones, partiendo del auto que permitió las intervenciones telefónicas, ya que a su juicio "se han vulnerado derechos".
Esta primera sesión, en la que los acusados no han comenzado a declarar, se ha basado en la validez o no de las escuchas telefónicas, ya que, a juicio de los letrados, el auto que autoriza estas intervenciones "no está fundamentado" y entienden que fueron realizadas bajo suposiciones de la Policía.
Consideran que estas diligencias tienen su origen en otra operación relacionada con el tráfico de drogas y, según han insistido, "están fundamentadas en meras sospechas policiales".
Del mismo modo, una de las letradas María Teresa Largo Caballero ha señalado que el Tribunal Supremo en otro procedimiento "dice que el juez tiene que tener conocimiento de estas escuchas y pesquisas que la Policía realiza", a lo que ha añadido que el juez instructor "no trae a la causa los hechos que justifiquen la intervención de estos teléfonos".
En esta línea, ha basado su petición en la doctrina del 'árbol envenenado', ya que estas escuchas "al provenir de una prueba que es obtenida ilícitamente vulnerando derechos fundamentales y constitucionales, provocan la nulidad de todas las pruebas que posteriormente se obtienen", indicando además que "partimos que desde el principio del todo es nulo", motivo por el cual piden la nulidad de las actuaciones.
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha rebatido estas peticiones y ha asegurado que las pruebas se tratan de "datos concretos, debidamente acreditados y fotografiados y no basados en sospechas policiales".
En el caso de que el juez estimara esta petición de los abogados, se llevaría a efecto el sobreseimiento de la causa y la sentencia sería absolutoria, una cuestión que el tribunal puede resolver este martes antes de iniciar la segunda sesión judicial o ya en la sentencia.
LOS HECHOS
Según reza en el escrito judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, este grupo tenía "una perfecta estabilidad" desde el mes octubre de 2010 hasta febrero de 2011, momento de la detención, consiguiendo sus objetivos en varias ocasiones. Su cobertura consistía en hacer ellos mismos de punto de vigilancia las noches de los alijos.
Para ello, buscaban a más personas que hicieran esta función, es decir vigilar a las patrullas de servicio de la Guardia Civil para que la zona de alijamiento estuviera despejada, colocar un dispositivo de seguimiento en los coches patrulla y en las embarcaciones patrulleras de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera para tenerlos localizados los días de los alijos e inutilizar cuanto fuera posible los sistemas de vigilancia de la costa, y todo ello con la finalidad única y exclusiva de lograr arribar a las costas españolas los alijos de hachís de otras organizaciones.
La banda estaba perfectamente estructurada, en concreto, los dos agentes de la Guardia Civil se encargaban de avisar sobre la actividad de la patrullera los días de los alijos planeados dando instrucciones al cabeza del grupo, que responde a las iniciales de L.G.M., sobre la hora y el lugar en el que tenían que ser introducidos los alijos, así como de colocar dispositivos de balizamiento en los vehículos patrullas de la Guardia Civil con el objetivo de que estos estuvieran siempre localizados.
A su vez, también está acusado un vigilante de seguridad de las instalaciones del Muelle del Tinto de Vigilancia Aduanera, que era el encargado de comunicar los movimientos de las embarcaciones en los días de los alijos.
SABOTAJE AL SIVE
Concretamente, cuatro acusados consiguieron el día 25 de diciembre de 2010 que dos de ellos accedieran a las instalaciones del SIVE y, una vez en el interior, tirotearon el sensor volumétrico de intrusión, el radar y la cámara de vigilancia, cortaron el cableado de dichos dispositivos y forzaron la puerta del lugar que da acceso a los paneles y pantallas de control de esos equipos, causando desperfectos por valor de más de 70.000 euros, mientras que los demás acusados se dedicaban a hacer llegar la droga a las costas onubenses.
Por todo ello, la Fiscalía pide más de 100 años de cárcel para los 13 acusados a los que acusa de delitos de asociación ilícita, de tráfico de drogas, de daños en bienes afectados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de tenencia ilícita de armas, de blanqueo de capitales y de un delito continuado de conducción de vehículo a motor sin permiso o licencia.
