El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (TUE) anuló ayer el veto impuesto por la Comisión Europea a la reforma del impuesto de sociedades de Gibraltar presentado por Reino Unido en 2002.

En su sentencia de ayer, el TUE analiza en primer lugar si el marco de referencia adecuado para verificar si las ayudas son selectivas (y por tanto ilegales) es el territorio de Reino Unido o el territorio de Gibraltar. Para ello, aplica los tres requisitos establecidos en la sentencia sobre el régimen fiscal de las Azores: autonomía institucional, autonomía en materia de procedimiento y autonomía económica y financiera. La conclusión del Tribunal fue que Gibraltar cumple los tres requisitos. Ello significa que el marco de referencia para apreciar la selectividad regional de la reforma fiscal de que se trata se circunscribe exclusivamente a los límites geográficos del territorio de Gibraltar y que, por tanto, “no puede llevarse a cabo ninguna comparación” entre el sistema fiscal aplicable en Gibraltar y Reino Unido.

El TUE fue además más allá y concluyó que el Ejecutivo comunitario “sobrepasó los límites de su control” e “impuso su propia lógica por lo que respecta al contenido y al funcionamiento del sistema fiscal notificado por Gibraltar”.

Recordar que el Ejecutivo comunitario bloqueó los cambios al considerar que, con ellos, las empresas registradas en Gibraltar se beneficiarían de un tipo impositivo mucho más bajo que el tipo de impuesto de sociedades aplicable en el Reino Unido. De esta forma, se concedería a las sociedades registradas en el Peñón una “ventaja fiscal desleal”.

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia, sólo por cuestiones de derecho, en el plazo de dos meses.

Celebración
Tras conocer el veredicto, el Gobierno de Gibraltar ha mostrado su satisfacción señalando que esta “completa victoria” en el caso ante el Tribunal Europeo sobre la fiscalidad del Peñón, supone un enorme paso adelante a nivel económico, social, político y constitucional.

    Informaba el ministro principal, Peter Caruana, que el tribunal había fallado en favor de Gibraltar, aceptando todos los argumentos de cada asunto, la selectividad regional y la selectividad material, ordenando asimismo en su sentencia a la Comisión que abonara los costes legales del Gobierno gibraltareño.

En temas de selectividad material, el Tribunal ha declarado que la Comisión se equivocó al declarar que el marco fiscal propuesto y notificado por Gibraltar no era acorde a las Reglas de Ayudas Estatales de la UE. Con relación a la selectividad regional, el Tribunal ha comprendido correctamente y aplicado el estatus constitucional del Peñón y su relación con el Reino Unido, desestimando así la postura de la Comisión que aseguraba que para propósito de ayudas estatales, Gibraltar era una región del Reino Unido y no tenía derecho por lo tanto a tener su propio sistema fiscal diferente del británico.

Señalaba ayer Caruana que aunque estaban encantados  con la victoria en ambos asuntos, era la selectividad regional el tema crucial para el Peñón, ya que “sin la capacidad para implementar nuestro propio régimen fiscal, la economía gibraltareña, y por lo tanto, nuestro modelo social y político, no podría haber sobrevivido”. Sentenciaba el ministro principal que dicha situación habría representado un duro golpe a la economía y la política del Peñón.

Explicando la magnitud de la victoria alcanzada, Caruana declaraba que en el supuesto de haber perdido el caso de la selectividad regional, “tendríamos que haber adoptado el sistema fiscal corporativo del Reino Unido. Ello habría resultado en que gran parte de las compañías del centro financiero y del sector de apuestas, abandonaran Gibraltar, con la consiguiente pérdida de miles de empleos y la caída de los ingresos del Gobierno”.

Se catalogaba desde el Gobierno de Gibraltar esta victoria de “enorme y vital”, afirmando asimismo que la economía gibraltareña tiene ahora la oportunidad de progresar hacia un nivel más elevado de crecimiento y desarrollo, alcanzando así su mayor potencial y garantizando la prosperidad económica y social de futuras generaciones.

Una vez más, apuntaba el ministro principal, una pequeña comunidad ha demostrado que cuando tiene el derecho de su parte y actúa de forma razonable e inteligente, tiene la habilidad y determinación para defender sus derechos e intereses como pueblo, incluso cuando son desafiados por poderosas entidades.

“En nombre del pueblo de Gibraltar”, concluía el ministro principal, “quiero agradecer a todas aquellas compañías en los sectores de servicios financieros y apuestas y otros campos de la economía, que han tenido fe y confianza en nosotros para quedarse en Gibraltar en estos tiempos difíciles y de incertidumbre”.

Para marcar la importancia de esta victoria para Gibraltar y su pueblo, Caruana que describió la jornada de ayer como un “día maravilloso”, concluyó su intervención declarando el lunes 5 de enero de 2009 festividad pública.

Argumentos
En su fallo de ayer, la corte señala que la Comisión no debía comparar el sistema tributario de Gibraltar con el británico, ya que el Peñón tiene fiscalidad propia y, por tanto, la posible selectividad de las ayudas (y la posible ventaja injustificada a algunas empresas) ha de determinarse en relación al régimen general gibraltareño.
Los jueces llegaron a esta conclusión tras comprobar que Gibraltar reúne los requisitos establecidos en una sentencia sobre la fiscalidad de las Azores -que clarificó cuando un ente regional puede contar con fiscalidad propia- para dictar sus propias normas tributarias.

En concreto, el Tribunal asegura que Gibraltar goza de autonomía institucional (pues sus autoridades cuentan, desde el punto de vista constitucional, con un estatuto político y administrativo distinto a del Gobierno central del Reino Unido) y de procedimiento (ya que Londres no tiene capacidad de intervención directa en las decisiones adoptadas por el Gobierno del Peñón).

PDP y GFSB instan a la rápida aplicación del nuevo sistema
El Progressive Democratic Party (PDP) dio ayer la bienvenida al veredicto del Tribunal e instó al Gobierno a introducir los cambios de forma rápida.

Nick Cruz, portavoz progresista, felicitó al Nº6 y a su equipo legal, recordando que la solicitud de reforma del sistema fiscal corporativo fue presentada en 2002, cuando el líder del PDP, Keith Azopardi, era el ministro responsable de los servicios financieros. “El Tribunal ha justificado ahora la postura adoptada entonces por Gibraltar”, sentenció Cruz.

Para los progresistas, el veredicto supone un reconocimiento explícito de la soberanía parlamentaria y fiscal del Peñón y “a nuestra capacidad para determinar nuestra propia política económica”.

El PDP siempre ha mantenido que la situación era indiscutible y tanto en su manifiesto electoral como en sus anuncios políticos, ha venido instando al ejecutivo a implementar de forma inmediata reformas fiscales que bajen los impuestos corporativos al 10 por ciento y revisen la fiscalidad personal.  El partido cree necesarias estas medidas para Gibraltar, de cara a competir en el mercado internacional.

A la luz del veredicto conocido ayer, el cual elimina cualquier obstáculo legal, el PDP pide al Gobierno que introduzca la legislación y comience a aplicar un nuevo régimen fiscal a partir de julio 2009.

“En unos momentos en los que la economía global está experimentando una recesión sin precedentes, Gibraltar no puede permitirse el lujo de no hacer nada hasta julio de 2010. La fiscalidad es un pilar para cualquier centro financiero y es necesario adoptar ahora una decisión decisiva”, concluyó el portavoz del Partido Progresista.
 
Por su parte la Federación de pequeñas y medianas Empresas de Gibraltar (GFSB) cree también que una temprana introducción del nuevo sistema fiscal sería muy positivo para Gibraltar, teniendo en cuenta sobre todo la actual recesión mundial.

Afirma esta Federación que el dictamen del Tribunal es muy positivo para el comercio y un regalo de Navidad anticipado para el Peñón. Consideran el veredicto “una victoria histórica”.