El salón de sesiones del Palacio de los Gobernadores acogió ayer un pleno extraordinario de la Corporación, que había sido solicitado por concejales del Partido Popular y que estuvo presidido por el alcalde accidental, José Antonio Ledesma.

Uno de los puntos del orden del día dio cuenta de la situación actual del expediente relativo a la moción aprobada por el Pleno el 3 de noviembre, sobre las presuntas amenazadas y coacciones realizadas por Felipe Vilela Gallego en nombre de Sotogolf SA a técnicos y concejales del Ayuntamiento, con entrega del informe jurídico efectuado por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento.

En este sentido, el alcalde accidental anunció que con fecha del pasado miércoles había firmado un decreto “ordenando a la asesoría jurídica una investigación sobre el asunto”. Al respecto, el edil Juan Carlos Ruiz Boix señaló que “el acuerdo de Pleno aún no era firme ya que no se había aprobado el acta de dicho Pleno”.

Otro de los puntos fue dar cuenta del expediente del concurso de oposición para cubrir dos plazas vacantes de subinspector de Policía Local con informe técnico sobre el estado actual del expediente y entrega del mismo.

Por otro lado, el Pleno dio  cuenta al Pleno del expediente de  concurso oposición para cubrir las plazas vacantes de auxiliar de  instalaciones deportivas.

Otro de los asuntos abordados fue el informe jurídico y económico sobre el estado de la ejecución de la sentencia “que condenó a determinados grupos políticos de la Corporación a devolver cantidades indebidamente percibidas y adopción de acuerdo de pleno sobre medidas a adoptar en caso de incumplimiento de sentencia”. El edil Ramón Ramírez reconoció que USR había abonado su deuda y que tanto PSOE como IU tenían cuentas pendientes. 

Geriátrico
En otro punto se dio cuenta del expediente de licencia de primera ocupación del Geriátrico de San Enrique de Guadiaro. Posteriormente, se dio cuenta con entrega de expediente completo de la situación actual de la modificación puntual de elementos del PGOU de áreas de San Enrique.

Por otro lado, se pidió la entrega de copia y examen de las facturas pagadas por el Ayuntamiento a la empresa concesionaria del servicio de renting de los vehículos policiales.

Además, el Pleno dio cuenta de la sentencia del TSJA sobre el recurso de apelación dimanante del recurso contencioso administrativo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Algeciras. Mientras el PP entendía que el acuerdo de permuta de terrenos con Aldía era nulo, el equipo de gobierno interpretó que la sentencia daba la razón al PP sobre la manera de votar, no sobre el contenido de la votación. La sentencia consideraba vulnerados los derechos fundamentales de los miembros de la oposición.

Por último, el pleno dio cuenta de la situación actual del expediente relativo a la denuncia de una funcionaria contra el concejal Ruiz Boix por un presunto caso de acoso laboral.