La cuantía solicitada por el centro, que asciende a los 370 euros, pasará ahora al departamento de Tesorería del Ayuntamiento, desde donde se efectuará la orden para el pago correspondiente a la entidad madrileña encargada de las revisiones.
La llegada de la factura por el reajuste obligatorio se produce nada menos que tres meses más tarde de la recepción, por parte de la Policía Local, del aparato revisado, que según indicaron días atrás fuentes policiales se recepcionó entre el 16 y el 20 de enero de este año.
En base a estas informaciones, cobraría peso la versión oficial que indica que el retraso en la llegada de las certificaciones de los aparatos -que entre otras cosas posibilita su validez cara a un proceso judicial- se debe a razones burocráticas y no económicas.
Hace escasas fechas, el superintendente de la Policía Local, José Medina, estuvo en contacto con la Fiscalía de Tráfico de Cádiz para la obtención de un documento jurídico que sirva para acreditar el buen funcionamiento de los aparatos hasta que lleguen los papeles de Madrid.
Ciclomotores
Por otra parte, la Policía Local comenzará a realizar en los próximos días controles de documentación de ciclomotores, comprobando que han pasado por la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). El motivo de la puesta en marcha de estos controles ha sido la detección de un alto grado de incumplimiento de este requisito en los vehículos de dos ruedas y pequeña cilindrada.
Los controles se harán aleatoriamente en varios puntos de la ciudad y distintas franjas horarias. La ITV es obligatoria para los ciclomotores con más de tres años de antigüedad, y no pasarla comporta una sanción económica.
