El Pleno municipal aprobó este jueves la adhesión al Fondo de Ordenación para el pago de sentencias firmes, no firmes y procedimientos judiciales por un importe de 31,3 millones de euros.

La propuesta defendida por el Gobierno socialista contó con el respaldo de Ciudadanos y Ganemos, mientras que Adelante Jerez se abstuvo y el PP votó en contra.

La teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda, Patrimonio y Recursos Humanos, Laura Álvarez, justificó esta medida en la necesidad de garantizar la prestación de los servicios municipales y poder acceder a las ayudas que pueda convocar la Junta de Andalucía, toda vez que los impagos pendientes bloquean esta posibilidad.

En base a esta solicitud al Fondo de Ordenación será posible abonar 4,8 millones de euros de sentencias firmes. Además, se reservan otros 13,4 millones para sentencias que todavía no son firmes y 12,8 millones en previsión de procedimientos judiciales que se encuentran en marcha y que probablemente concluyan a lo largo del próximo ejercicio en contra de los intereses municipales.

La primera cantidad (4,8 millones de euros) se corresponde con el dinero que el Ayuntamiento deberá devolver a la Junta por no haber ejecutado algunas de las actuaciones contempladas en el Plan E, como el Museo de Lola Flores que entonces se proyectó en el Palacio de Villapanés.

Pero además, empresas que han prestado estos últimos años servicios públicos como Urbaser o Ingesan también han acudido a los tribunales para reclamar cantidades pendientes de pago, elevándose el montante a 23,3 millones.

El concejal popular Jaime Espinar justificó el voto en contra de esta iniciativa en la “utilización” de los juzgados como mecanismo habitual para hacer frente a impagos con proveedores de servicios públicos, planteando incluso la “duda” de si con esta forma de proceder el Ayuntamiento podría estar incurriendo en “fraude de ley”.

Además, Espinar lamentó que el Consistorio esté todavía sufriendo de algún modo las consecuencias de la “nefasta gestión” del Gobierno socialista de Pilar Sánchez, que fue el que no terminó de ejecutar las obras comprometidas en el Plan E.

También incidió Espinar en que el hecho de que se vaya a utilizar esta vía para abonar servicios prestados por empresas como Urbaser o Ingesan demuestra que en los últimos años “no se ha pagado nada”.

Manuel Méndez, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, admitió igualmente que recurrir a este tipo de medidas evidencia la “nefasta gestión municipal de los servicios públicos”, pero justificó el respaldo de su grupo en la necesidad de evitar desfases de tesorería “que en la práctica harían peligrar la prestación de servicios básicos a los jerezanos, que no tienen culpa de nada”.

El portavoz de Adelante Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo, coincidió con Espinar en que la justicia “está para otra cosa”, y no para hacer frente a pagos pendientes. Además, cuestionó que se vayan a solicitar 31 millones de euros cuando buena parte de ese dinero no se necesita aún al encontrarse el Ayuntamiento a la espera de las sentencias firmes.  

Para Ruiz-Berdejo, este tipo de medidas suponen “dar una patada hacia adelante” al problema de financiación que tiene el Ayuntamiento.  

La portavoz de Ganemos Jerez, Kika González, no intervino en el debate, aunque respaldó la medida puesta sobre la mesa por el Gobierno socialista, que permitirá saldar estas deudas en el tiempo a un bajo interés.