Málaga contabiliza unas 13.000 protecciones temporales a refugiados por la guerra de Ucrania tramitadas por la Policía Nacional cuando se cumplen unos nueve meses desde el inicio del conflicto bélico.
Así, según los datos de la Subdelegación del Gobierno de España, facilitados a Europa Press, la provincia de Málaga es la que más número de protecciones temporales tramita de Andalucía.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha valorado "la celeridad y la ágil respuesta del Gobierno en la adaptación de la orden europea para aplicar la protección temporal de refugiados ucranianos".
También ha destacado la importancia de la instalación en Málaga de uno de los cuatro Centros de Recepción Atención y Derivación de refugiados ucranianos "que ha permitido una mayor atención y agilización de todos los procesos para atender sus necesidades".
De igual modo, ha subrayado la "gran labor y esfuerzo" que han realizado tanto los agentes de la Policía Nacional en la tramitación de estas órdenes de protección, así como los miembros de la Tesorería General de la Seguridad Social en la gestión de los NUSS (Número de la Seguridad Social) que facilitan el permiso para que los refugiados puedan trabajar en nuestro país. Al respecto, según los datos facilitados, hasta la fecha se han gestionado 7.080 NUSS.
El Gobierno español puso en marcha el 10 de marzo un mecanismo de urgencia para dar cumplimiento del acuerdo de la Unión Europea, con el que, por primera vez en la historia, se autorizaba la aplicación de la Directiva de Protección Temporal. A través del mismo, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior otorga a los refugiados la protección temporal en un plazo máximo de 24 horas desde la solicitud.
El procedimiento se inicia en las comisarías de la Policía Nacional repartidas por todo el territorio nacional y en los centros de recepción habilitados, donde funcionarios de la Policía Nacional, apoyados por intérpretes, se encargan de tomar los datos identificativos a los ciudadanos ucranianos.
Todas las protecciones temporales tramitadas conllevan el permiso de residencia y, para los mayores de edad, de trabajo. Además, en virtud de lo establecido por la Dirección General de Tráfico, los desplazados que obtienen la protección temporal pueden utilizar legamente sus permisos de conducir en España al menos durante un año.
