Orden y contraorden en apenas 48 horas de diferencia con un festivo de por medio, el de Todos los Santos. La Consejería de Justicia, que dirige el popular José Antonio Nieto, ha decidido aplazar la suspensión del teletrabajo que había acordado este martes 31, para los cerca de 9.000 funcionarios de la Administración de Justicia que trabajan en la comunidad autónoma, al comprobar que se ha originado un gran malestar en los tribunales y juzgados de Andalucía, después de que el pasado viernes el Ministerio de Justicia difundiera una circular para que todos estos trabajadores públicos retornaran a las oficinas judiciales, dejando sin efecto así las condiciones que se fijaron con la situación del Covid 19.
La decisión ministerial afecta también a los más de 1.300 letrados de la Administración de Justicia (LAJ), antiguos secretarios judiciales, de las ocho provincias andaluzas (158 en Málaga) para los que, sin embargo, la suspensión de la Junta de Andalucía no es de aplicación al no estar éstos vinculados a su régimen organizativo.
La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene traspasadas competencias en materia de Justicia, al igual que País Vasco, Cataluña o Galicia, gestionando la organización y control del trabajo, sedes judiciales y paga a la mayoría de estos empleados públicos, a excepción de los LAJ.
A última hora del pasado viernes 28, la Secretaría de Estado de Justicia informó a todas las comunidades autónomas que "se estaba constatando la existencia de diferencias territoriales" en el mantenimiento de algunas de las medidas organizativas que se aprobaron en septiembre de 2020, para hacer frente a la pandemia y garantizar así la seguridad en el trabajo de los funcionarios.
En concreto, se refería a las ausencias del personal autorizadas para trabajar por vía telemática un día a la semana desde su domicilio.
El Ministerio recordaba en dicha circular que desde el 5 de julio de este año "no resultaban de aplicación en las dependencias judiciales" medidas laborales relacionadas con la seguridad por el Covid, atendiendo a una orden del Ministerio de Sanidad del pasado verano. El propio Consejo General del Poder Judicial lo había avalado en julio también.
Aludía a que se estaban ya celebrando vistas de juicios abiertas, se tomaban declaraciones a testigos, se realizan exploraciones por médicos forenses, o se atiende regularmente al público en muchas de las sedes judiciales de España.
Por ello, desde la Secretaría de Estado se ordenaba que "deberían de acudir a cada centro de trabajo el 100% de los efectivos del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), y de los Cuerpos de Funcionarios", entre los que se incluyen los gestores procesales, tramitadores, personal de auxilio y los médicos forenses.
La circular era clara al determinar que, "sin el perjuicio de las licencias y permisos correspondientes, no será posible ejercer modalidades de teletrabajo en tanto no se apruebe su regulación específica en el ámbito de la Administración de Justicia" de todo el país.
El Ministerio recordaba además a todos estos empleados públicos que "la atención presencial debe quedar garantizada siempre y en todo caso durante el horario de audiencia pública, sin que pueda restringirse dicha atención presencial a los supuestos en que se haya obtenido cita previa".
Es decir, el Gobierno hacía suyas algunas quejas, no solo de abogados y procuradores sino también de justiciables, respecto a que el sistema de cita previa les impedía acceder al servicio público como sucedía antes de la pandemia del Covid.
COMUNICADO DE CINCO SINDICATOS
Si el pasado martes la Secretaria General de Servicios Judiciales de la Junta de Andalucía, que dirige Rosalía de los Ángeles Espinosa, comunicaba la aplicación de la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia, este jueves, 2 de noviembre, el mismo departamento ha difundido una nota en la que suspende transitoriamente el cese de estas medidas organizativas y tecnológicas (teletrabajo) en el ámbito de la Administración de Justicia en Andalucía.
La Consejería de Justicia señala que la medida, que debería de haber entrado en vigor el próximo lunes, 6 de noviembre, se suspende hasta que los servicios jurídicos de la Junta se pronuncien al respecto.
La decisión, que se conocía a primera hora de la tarde del jueves, ha sido bien recibida por los sindicatos CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT y Comisiones Obreras, que el pasado martes habían expresado su oposición a suspender el teletrabajo en los juzgados y tribunales andaluces.
"Afortunadamente, en esta ocasión la presión conjunta ejercida por todos los sindicatos ha surgido efecto y la Consejería ha rectificado, acordando pedir informes jurídicos para posteriormente negociar y regular este asunto en nuestra Mesa Sectorial de Negociación, y mantener mientras tanto la posibilidad de seguir realizando el teletrabajo en la forma que se venía haciendo hasta ahora. Se hace bueno en este caso el dicho 'rectificar es de sabios", han expresado las cinco organizaciones sindicales de Justicia en Andalucía.
Para ellas, su rechazo se basaba en que "no era de recibo la supresión de un derecho" reconocido en el Trebeb y en la propia ley de la Función Pública Andaluza.
"Su mantenimiento es perfectamente legal, y ésta es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, como demuestra el hecho de que el Ministerio de Justicia, ha permitido para su ámbito la posibilidad de teletrabajar hasta 3 días por semana, y Andalucía en uso de sus competencias, solo estableció un día", señalan en el comunicado conjunto, en el que valoran de forma positiva la experiencia de trabajar a distancia, una opción que permite además favorecer la conciliación familiar y laboral, "evitando reducir el impacto de la huella de carbono por los muchos desplazamientos que se han dejado de hacer gracias al teletrabajo".
