El Pleno urgente de la Diputación ha aprobado por unanimidad este viernes el inicio del procedimiento para la contratación del proyecto ‘Málaga no caduca’. Esta iniciativa, impulsada por la administración supramunicipal, consiste en aprovechar los excedentes alimentarios que se producen en los hoteles y establecimientos de restauración. El objetivo, ha indicado Francisco Salado, presidente de la institución malagueña, es “mejorar la nutrición de unas 40.000 familias de la provincia que se encuentran en situación de vulnerabilidad”. Cada año, ha informado, se tiran en la provincia “miles de toneladas de comida que están en buen estado”.
“La Diputación se convierte, una vez más, en referente de innovación en el ámbito social”A finales de julio se presentó este “pionero y revolucionario” proyecto de solidaridad alimentaria. Ahora se pone en marcha el proceso de contratación de diversos servicios (recogida y distribución de las donaciones de alimentos, acciones para favorecer la inserción sociolaboral y actuaciones para luchar contra la soledad no deseada) por un máximo de diez millones de euros, durante un plazo de cinco años.
Dando pasos para alcanzar este “reto”, la Diputación se convierte “una vez más en referente de innovación en el ámbito social”, ha celebrado el presidente, recalcando que “toda” la corporación y los grupos de la oposición están “en la misma línea de trabajo y de apoyo” a esta idea. Antes del inicio de la sesión plenaria, Salado, junto a la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma; el portavoz del PP, Cristóbal Ortega; la viceportavoz del PSOE, Antonia García; el portavoz de Vox, Antonio Luna; y el portavoz de Con Málaga, Juan Márquez, ha informado sobre el avance de la iniciativa, que ha calificado como “un proyecto ambicioso y revolucionario para transformar la abundancia en alimentaria en solidaridad”.
Tras la aprobación por el Pleno, el pliego de prescripciones técnicas de este proyecto se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se ha establecido un plazo de presentación de solicitudes de 30 días naturales, y, según ha explicado Salado, por informes preliminares y sondeos de mercado, hay constancia de que hay entidades interesadas tanto para proveer los servicios como para financiarlos (inversores sociales).
Por ello “confiamos” en que el proyecto se puede poner en marcha “a finales de enero o principios de febrero”: “Es uno de los hitos de este mandato y estoy convencido de que será un éxito”. La iniciativa “será el primer contrato de impacto social que se acometerá en España” y cuenta con la participación y el apoyo de la Universidad de Málaga, la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios, el Banco de Alimentos y colectivos como el hotelero (Aehcos) y el hostelero (Mahos).
Este proyecto posibilita que el conjunto de establecimientos del sector de la alimentación puedan efectuar, de “manera eficaz y en condiciones seguras”, sus donaciones en favor de Bancosol para atender a personas en riesgo de exclusión social. Además, se hará una intervención interdisciplinar, porque “no solo se quieren mejorar las condiciones alimentarias de personas en riesgo de exclusión social, sino también se pretende facilitar su inserción laboral y evitar la soledad no deseada”, ha concluido. El proyecto se gestionará a través de una plataforma tecnológica que pondrá en contacto a todos los intervinientes: administración pública, sector privado y beneficiarios, todo ello con la participación también de Bancosol.
