Un auto judicial dictado en un procedimiento que se sigue en un juzgado de la localidad malagueña de Marbella considera que el exgerente de Planeamiento 2000 Juan Antonio Roca y el letrado José Luis Sierra se quedaron con parte del dinero que debería haberse destinado a las obras de la desaladora marbellí, según han informado desde la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, que está personada como afectada.
Según han precisado, inicialmente, Roca se habría apropiado de forma indebida de un total de 871.467 euros, que tendrían que haberse empleado en la expropiación de una serie de terrenos donde se construyó la desaladora; mientras que a Sierra se le responsabiliza indiciariamente de haber creado un entramado societario para que la dirección de obra de estas instalaciones recayese en una empresa de capital privado y así evitar una fiscalización pública.
Los hechos se remontan a cuando, siendo presidente de la Mancomunidad el fallecido Jesús Gil, se aprobó el 28 de noviembre de 1995 por vía de emergencia, dada la situación de sequía, la construcción de estas instalaciones, que se situaron sobre los terrenos de una serie de particulares, han manifestado desde el ente supramunicipal, a través de un comunicado.
De forma paralela, y a petición de la Mancomunidad, el Consistorio inició un proceso de expropiación, tal y como se recoge en el acuerdo plenario del 14 de marzo de 1996, de dichos terrenos, que pasarían a ser titularidad de la Mancomunidad una vez finalizado el proceso. Luego, y de forma unilateral, el Ayuntamiento decidió que el suelo pasaría a ser de titularidad municipal, algo que "nunca fue comunicado a la comisión gestora de la Mancomunidad, lo que ha generado una serie de confusiones a lo largo de estos años".
Decosol, empresa a la que inicialmente se le adjudicó la construcción de la desaladora, dio a Planeamiento 2000, cuyo gerente era Juan Antonio Roca, una cantidad para que se llevase a cabo el proceso de expropiación.
Del total, el auto estima que Roca, con la complicidad del por entonces consejero de la empresa pública de aguas Acosol --también implicada en la construcción de la desaladora--, José Luis Sierra, "se quedó con al menos 871.467 euros del dinero destinado a la expropiación, la práctica totalidad", lo que "ha creado un evidente perjuicio tanto a la Mancomunidad como a los propietarios de los terrenos expropiados y en los que actualmente está la desaladora".
Asimismo, el Ayuntamiento de Marbella declaró que nunca recibió tal cantidad para la expropiación, y el auto apunta a una serie de hechos que corroboran que de la cuenta de Planeamiento 2000 estas cantidades fueron presuntamente a parar a manos de Roca.
En el auto también se recogen una serie de irregularidades en torno a la adjudicación de las obras de la desaladora. En concreto, se apunta a que se creó un entramado para que la adjudicataria final, a través de varias subcontratas, fuera una empresa de capital privado, lo que según el texto "facilitaba la ocultación de actuaciones y cobros en beneficio exclusivo de los imputados".
En esta misma línea, el auto recoge que "se contrató la dirección facultativa de la obra de forma tardía e irregular logrando la obtención de ilícitos beneficios elevando el precio final de las actuaciones", así como que "las resoluciones adoptadas a lo largo de tales actuaciones resultaban injustas o arbitrarias".
Así, a Roca se le imputan inicialmente los delitos de malversación, delito de apropiación indebida, fraude y prevaricación administrativa; mientras que a Sierra se le imputan los delitos de malversación, fraude y prevaricación administrativa.
La Mancomunidad ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el procedimiento judicial siga avanzando y espera que pronto se esclarezcan las responsabilidades penales, y ha recordado que la parte administrativa de toda esta cuestión ya está resuelta, por lo que no afecta en nada al funcionamiento y al día a día de la institución y de los servicios que se ofrecen.
