El Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la queja interpuesta por un abogado malagueño sobre la situación que sufren los dos juzgados de lo Mercantil de Málaga y, en concreto, por el señalamiento para enero de 2017 de una audiencia previa en un procedimiento de anulación de una cláusula suelo de una hipoteca, instado por unos clientes del letrado.
En el escrito remitido por dicha institución al abogado, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que se han iniciado las actuaciones ante los organismos correspondientes. Así, se ha solicitado a la Fiscalía que aporte "cuanta información disponga sobre los hechos planteados", especialmente en lo que se refiere al procedimiento judicial que afecta en concreto a sus clientes.
Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz ha comunicado que "nos proponemos incoar expediente de queja de oficio frente a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en relación con la situación que afecta, en general, a los órganos jurisdiccionales de lo Mercantil de Málaga". La institución tendrá que analizar la información que le vayan remitiendo.
En la queja inicial se exponía que la demanda de los clientes se presentó en julio de este año y que por parte del Juzgado de lo Mercantil número 1 se comunicó que se señalaba para el 17 de enero de 2017 la audiencia previa, por lo que el juicio "podría señalarse para 2018", apuntaba el abogado, que ha pedido una reunión con el Defensor para explicar la situación de otros afectados.
En dicha solicitud, se apuntaba que en el Juzgado de lo Mercantil número 1 "se van señalando la celebración de las audiencias para enero de 2017". En los tres primeros trimestres de este año este órgano ha registrado 802 demandas de condiciones generales de la contratación y los asuntos pendientes sobre esta materia al terminar dicho periodo eran 1.086.
En el caso del Mercantil número 2, las audiencias previas se fijan para septiembre u octubre de 2016 y hasta finales de septiembre se registraron 766 demandas, con una pendencia en esta materia de 1.030 procedimientos. Así, se indicaba que "pese a los excelentes profesionales que trabajan en ambos juzgados, está claro que están desbordados".
Asimismo, se señalaba que la responsabilidad "no corresponde a ellos, sino a la administración de justicia --Junta de Andalucía y Gobierno central--" y se ponía énfasis en que "cada mes que se retrasa un asunto de éstos sólo hay un perjudicado, el consumidor; y los bancos sólo oponen estrategias dilatorias para retrasar lo que es, la mayoría de las veces, inevitable".
