La concejala de Urbanismno, Isabel Pérez, reconoce que la anulación del PGOU de 2010 por parte del Tribunal Supremo, les ha forzado a pasar un "periodo de ajuste", pero aseguran que ahora la situación está bajo control. El concejal del Partido Popular, Cristóbal Garre, había asegurado que el departamento está siendo incapaz de resolver el volumen de trabajo que tiene sobre la mesa y sacar adelante los expedientes.
Entre otras cosas, Garre asumió una postura fatalista, y se permitió vaticinar que la elaboración de un nuevo documento urbanístico se dilataría no menos de cinco años. La delegada no está de acuerdo y, en cualquier caso, dice, lo importante es que la ciudad mantenga el dinamismo entretanto.
Sobre el hecho, también apuntado por Garre, de que están excluyendo al PP de los trámites para el desarrollo del nuevo plan, Pérez lo niega, pero, en cualquier caso, censura que los populares utilicen el urbanismo como arma arrojadiza.