David Frost, negociador británico para el Brexit y miembro del Gobierno del Reino Unido, ha acusado a la Unión Europea (UE) de haber "destruido el consenso entre comunidades" en Irlanda del norte al insistir en aplicar el acuerdo que entró en vigor en enero sin las modificaciones que exige Londres.
En un documento publicado por el influyente grupo de pensamiento Policy Exchange, Frost argumenta que la UE no ha tenido en cuenta las "enormes sensibilidades políticas, económicas e identitarias" que supone poner en práctica el llamado Protocolo para Irlanda del Norte, pactado entre Londres y Bruselas.
Ese texto establece controles a las mercancías que entran a Irlanda del Norte desde el resto del Reino Unido a fin de permitir que la frontera con la República de Irlanda continúe siendo invisible, tal como exigen los acuerdos de paz de 1998.
El Reino Unido argumenta que esos arreglos provocan demasiadas fricciones, por lo que exige renegociar el protocolo. Bruselas ha ofrecido reducir en un 80 % los controles, pero Londres quiere que también se rebaje el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en disputas comerciales y matizar la obligación de que la provincia británica cumpla ciertas directivas comunitarias.
Los negociadores de ambos lados del canal de la Mancha han llevado a cabo ya dos rondas de diálogo, sin avances significativos, y se han vuelto a citar esta semana en Bruselas.
Frost fue precisamente el negociador británico que selló el actual protocolo, pero argumenta que cuando tomó el mando del diálogo, en 2019, al llegar Boris Johnson a Downing Street, había heredado del Gobierno anterior una posición de "extrema debilidad" ante la UE.
"Nuestras bazas negociadoras habían quedado recortadas" por el Parlamento, que había limitado la posibilidad de amenazar con una salida sin acuerdo.
"Al final, no pudimos escapar de la insistencia de la UE en imponer sus normas sobre aduanas y mercancías en Irlanda del Norte", describió Frost, que asume como el mayor éxito de la negociación haber introducido una cláusula que estipula que el protocolo requiere la aprobación de la Asamblea norirlandesa para seguir en vigor más allá de 2024.
El Ejecutivo británico ha avanzado que está preparado para dejar de aplicar de manera unilateral partes del protocolo si no se llega a una solución satisfactoria en las próximas semanas.
