El resultado supone que a partir de 2012 el único coso que permanece operativo en la comunidad, La Monumental de Barcelona, deje de celebrar corridas de toros, aunque se mantienen los 'correbous', tradicionales en municipios del sur de Tarragona y que no implican la muerte del animal.
68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones han decidido una polémica candente desde que en el mes de diciembre los diputados aceptaran debatir una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la materia, respaldada con 180.000 firmas de ciudadanos.
Tres diputados de CiU no han ejercido su derecho al voto: Xavier Pallarès, Francesc Sancho y Josep Maria Pelegrí.
Durante meses los diputados han tenido la ocasión de escuchar argumentos de defensores y detractores de las corridas taurinas que, salvo excepciones, han evitado el carácter identitario de los festejos, en un debate que ha contado con la participación del propietario de La Monumental, Pedro Balañá, el apoderado del diestro José Tomás, el científico Jorge Wagensberg y el filósofo Josep Maria Terricabras, entre otros.
Tras la aprobación, los numerosos prohibicionistas presentes en el pleno del Parlament como público han iniciado una larga ovación dirigida a los diputados, mientras un abatido Serafín Marín --torero catalán--, observaba incrédulo lo sucedido.
Finalmente la diferencia de 13 votos entre los prohibicionistas y los defensores de los festejos ha sido superior a lo que se esperaba, como refleja que finalmente 68 diputados --la mayoría absoluta de la cámara catalana-- ha apostado por la abolición, un voto más que cuando se admitió a trámite la ILP.
En las intervenciones, los representantes de las diferentes formaciones han aplaudido la serenidad y madurez democrática con la que se ha producido el debate durante estos meses, al tiempo que han reiterado sus posiciones. CiU y PSC han defendido la libertad de voto de sus diputados, aunque el socialista David Pérez, reconocido taurino, ha pedido a sus compañeros que votaran por la "libertad".
PP y C's han asegurado desde la tribuna que tras la intención de prohibir los toros se encuentra la intención de los nacionalistas catalanes de alejarse de cualquier tradición que guarde similitud con España, algo que han rechazado con vehemencia CiU y ERC, al defender que la prohibición se basa en criterios estrictamente morales y que las corridas de toros son una tradición plenamente catalana.
"No estamos ante un debate identitario", ha precisado el diputado de CiU Josep Rull, quien ha defendido también que la discusión realizada hace de Catalunya una "nación más digna".
En la misma línea, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, ha asegurado que no caerán en las "provocaciones" de confrontar Catalunya y España, porque la evidencia muestra que en el resto del país también existen numerosos abolicionistas que conforman una "corriente creciente".
El diputado de ICV-EUiA, Francesc Pané, ha argumentado por su parte que las corridas de toros suponen un espectáculo de "crueldad gratuita" y la prohibición solo defiende superar prácticas arcaicas de la concepción del mundo, a pesar de que la "profunda España" quiera presentar el asunto como una polémica identitaria.
Rafael Luna (PP) y Albert Rivera (C's) han apuntado por su parte que la prohibición acarreará unos costes para la Generalitat superiores a los 300 millones de euros, inasumibles en época de crisis.
Luna ha defendido la libertad de los aficionados para asistir a las corridas y ha recordado que según los cálculos de los taurinos, la prohibición le costará a cada familia catalana unos 250 euros.
Rivera, por su parte, ha negado que se tratara de un debate únicamente animalista, porque si así fuera también se prohibirían otras prácticas de maltrato animal. Por ello, ha pedido a los diputados que defendían la prohibición que, en adelante, no cacen, no pesquen, ni coman 'foie' porque durante su extracción las ocas sufren.
Por otro lado, el Gobierno no tiene en su agenda legislar sobre las corridas de toros ni para protegerlas ni para prohibirlas, según han informado fuentes del Ejecutivo después de que el Parlamento catalán haya aprobado la prohibición de esta fiesta nacional en la comunidad.
Las mismas fuentes han subrayado que el Gobierno es "más partidario de convivir y coexistir que de prohibir", pero al mismo tiempo han expresado su respeto por la decisión que esta mañana ha adoptado la Cámara catalana.
Así, aunque el PP ha anunciado que llevará una iniciativa al Congreso para que las corridas de toros sean declaradas de Interés Cultural General, el Ejecutivo recalca que legislar sobre las corridas de toros "nunca ha estado en su agenda" y tampoco lo va a estar ahora.
