El presidente del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil, Joaquim Barbosa, ha expresado este martes su apoyo a la propuesta del Gobierno de Dilma Rouseff de celebrar un plebiscito sobre una reforma constitucional para llevar a cabo una reforma política.
Barbosa se ha reunido este martes con Rousseff en el Palacio de Planalto para abordar la crisis política que se ha desatado a raíz de las manifestaciones que desde el pasado 6 de junio recorren todo Brasil en demanda de mejores servicios sociales y contra la corrupción.
El presidente del TSF ha explicado que, en su opinión, los partidos deben participar menos en la vida política y dar la voz al pueblo, por lo que ha considerado acertada la intención de Rousseff de celebrar un plebiscito.
"La presidenta dice que hay un sentimiento difuso en la sociedad brasileña y yo pienso lo mismo. Hay una voluntad popular de reducir, no de eliminar, el peso de la influencia de los partidos en la vida política", ha indicado.
Barbosa se ha mostrado consciente de que "ninguna democracia sobreviviría sin partidos", por lo que ha propuesto distintas fórmulas para "mitigar" su influencia sobre la vida política del país sudamericano.
Así, ha apuntado al 'recall', para que los ciudadanos elijan directamente a sus representantes y, por ello, puedan revocar su mandato si lo consideran oportuno. "Creo que es una buena medida para solucionar la grave crisis de representación política", ha subrayado.
"La sociedad brasileña está ansiosa de liberarse de los grilletes partidistas, y esto es muy positivo", ha añadido, recordando que los grandes cambios en la historia de Brasil han nacido de las élites, como la proclamación de la independencia y de la república.
Barbosa también ha expresado su apoyo a la decisión de Rousseff de llevar a cabo la reforma política a través de una reforma constitucional. "No es posible hacer una reforma política sin tocar la Constitución, hay que descartar la reforma política por ley ordinaria", ha argumentado.
LAS PROTESTAS
Las protestas que comenzaron el pasado 6 de junio de forma pacífica en Sao Paulo por la subida del precio del transporte público de 3 a 3,20 reales, pero que una semana después se tornaron violentas por la represión de la Policía Militar.
Entonces, miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades para protestar, ya no solo por estas tarifas, sino también por los efectos sobre la Hacienda Pública de la Copa Confederaciones, el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016 y por los deficientes servicios públicos.
En respuesta, al menos once ciudades, incluidas Río de Janeiro y Sao Paulo, accedieron a cancelar el aumento del precio del transporte público o a aplicar una reducción, según los casos, pero no han conseguido calmar las calles.
Millones de personas han seguido con las manifestaciones en las grandes ciudades, dejando un saldo de al menos cuatro muertos y decenas de heridos y detenidos. Además, ha habido graves disturbios, como los intentos de asalto al Congreso, al Ministerio de Exteriores y a ayuntamientos.
En respuesta, Rousseff ha propuesto la celebración de un referéndum que siente las bases de una reforma constitucional en la que se planteen, entre otras cuestiones, la mejora de los servicios públicos y la lucha contra la corrupción.
Los principales partidos políticos de la oposición brasileña han rechazado este plan al considerar que se salta al Congreso, ya que posee la competencia exclusiva para convocar un plebiscito y reformar la Constutición, y han presentado su propia 'hoja de ruta'.
