La Policía Federal brasileña puso hoy en marcha una nueva fase de la operación que investiga el escándalo de corrupción de la estatal Petrobras, con el objetivo de destapar una trama que facilitaría la apertura de cuentas en el exterior y de empresas en territorios "offshore".
La vigésima segunda fase de la operación policial por el caso de Petrobras se realiza este miércoles en diversos municipios de los estados de Sao Paulo y Santa Catarina en cumplimiento de 23 mandatos judiciales, de los cuales 15 son órdenes de registro, seis de detención temporal y dos de prestación de declaración, informaron fuentes oficiales.
La acción policial, que se está llevando a cabo desde primera hora de esta mañana en las localidades paulistanas de Sao Paulo, Santo André y São Bernardo do Campo, así como en Joacaba, en el estado de Santa Catarina, tiene como objetivo la investigación de la supuesta comisión de delitos de corrupción, fraude, evasión de divisas y lavado de dinero.
Además, la Policía investiga la posible ocultación de patrimonio mediante el uso de una empresa inmobiliaria, cuyo nombre aún no ha sido divulgado, de la que se valdrían algunos de los implicados en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal para ocultar el reparto de sobornos.
La prisión provisional, que podría pasar a ser preventiva en caso de que el juez lo considere necesario, tiene un plazo de cinco días que podrían ser prorrogados otros cinco.
Los presos serán conducidos a la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, capital del estado sureño de Paraná, donde el juez federal Sergio Moro lleva adelante la investigación de la operación bautizada como "Lava Jato".
Según la Policía, en los últimos años operó en Petrobras una red de corrupción que adjudicaba contratos a empresas privadas de forma fraudulenta, inflaba sus valores y repartía las diferencias entre exdirectivos de la propia estatal y políticos que facilitaban esas maniobras.
La propia Petrobras ha reconocido en sus balances que, entre 2004 y 2014, los fraudes le causaron perjuicios financieros por valor de 2.000 millones de dólares.
