El juez federal argentino Daniel Rafecas rechazó hoy la propuesta de la fiscalía para reabrir la denuncia por encubrimiento de terroristas que presentó en 2015, días antes de morir, el fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernandez y otros funcionarios, informaron a Efe fuentes judiciales.
El magistrado consideró que su decisión de desestimar la denuncia interpuesta por Nisman quedó firme tras ser confirmada el pasado año en dos instancias de apelación, la Cámara Federal porteña y la de Casación penal.
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia explicaron a Efe que Rafecas devolvió las actuaciones al fiscal Gerardo Pollicita, quien había pedido la reapertura.
Éste solicitó reabrir la causa, según la agencia oficial Télam, con base en sendos escritos que le habían presentado otros dos fiscales, Raúl Plee de Casacion y Carlos Stornelli, de primera instancia federal.
Sin embargo, Rafecas señaló que la denuncia que tramitó en su juzgado está archivada por inexistencia de delito y no puede reabrirse.
Fuentes jurídicas señalaron a Efe que el juez consideró que "si algún fiscal entiende que hay nuevas pruebas debería hacer una nueva denuncia" para que se sortee un nuevo juez.
Es así que Rafecas devolvió las actuaciones para que la fiscalía haga "lo que crea corresponder".
Nisman, fiscal especial en la investigación del atentado en Buenos Aires contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, denunció a Fernández, al excanciller argentino Héctor Timerman y a otros colaboradores del pasado Gobierno como presuntos responsables de orquestar un plan para exculpar a los iraníes, de quienes se sospecha que fueron los autores del atentado.
En su denuncia, Nisman, quien murió cuatro días después de presentarla, en enero de 2015, en circunstancias aún sin esclarecer, se basaba en el acuerdo de entendimiento suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que, a su juicio, incluía encubrir a los sospechosos del ataque a la AMIA a cambio de impulsar el intercambio comercial de granos argentinos por petróleo de Irán.
Nisman consideraba que con ese documento se pretendía "la eliminación de las alertas rojas" de Interpol para la captura de los sospechosos iraníes y "la creación de una Comisión de la Verdad que, eventualmente, introduciría una 'pista falsa' para desviar la pesquisa".