El estallido social chileno ha reavivado el debate sobre la necesidad de elaborar una nueva Constitución que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que se ha convertido en un muro infranqueable para los cambios de fondo que exige buena parte de la ciudadanía.

Aprobada en 1980 en un cuestionado plebiscito, la Carta Magna chilena ha sido reformada más de 40 veces pero sigue siendo foco de críticas por su espíritu neoliberal y su origen dictatorial.

La Constitución original relegó al Estado a un rol eminentemente subsidiario y favoreció la entrada de la iniciativa privada en temas esenciales como la salud, la educación o las pensiones.

En medio de la convulsión social de las dos últimas semanas en Chile, con protestas que han dejado al menos une veintena de muertos, han sonado con fuerza las voces que piden una nueva Constitución, algo que apoyan buena parte de los académicos constitucionalistas, la oposición política y a lo que se están abriendo algunos sectores oficialistas.

El abogado Jaime Bassa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, considera que discutir y elaborar un nuevo texto legal no es la solución a todos los problemas de la sociedad chilena, aunque es necesario hacerlo porque la Carta Magna actual es "una parte muy importante" del descontento que se respira en las calles.

MAYORÍAS INALCANZABLES

La Constitución de 1980 estableció la exigencia de elevadas mayorías parlamentarias para poder acometer reformas al texto de la Carta Magna o a otros aspectos institucionales claves en la actualidad.

Para Javier Couso, abogado constitucionalista de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), estos quórums, que exigen el apoyo de cuatro séptimas partes del Parlamento, son camisas de fuerza que impiden cambios de fondo en asuntos relevantes, ya que hacen necesario el respaldo de parlamentarios conservadores.

"Cambiar esas leyes se hace extremadamente difícil porque requiere el concurso de los herederos políticos de la dictadura", explicó Couso a Efe.

En los casos en los que las reformas logran superar la barrera de los quórums, a menudo chocan con el Tribunal Constitucional (TC), un organismo que, según Couso, realiza una interpretación extremadamente conservadora del texto legal para tumbar cambios de fondo.

"Cuando se logran pasar los quórums, el TC encuentra en la Constitución principios que son bastante opinables que se traducen en declaraciones de inconstitucionalidad", explicó.

Así ocurrió, por ejemplo, cuando el entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006) trató de incorporar un pilar solidario en los fondos que van al sistema privado de salud o cuando se quiso fortalecer a los sindicatos.

OPOSICIÓN DEL GOBIERNO DE PIÑERA A LOS CAMBIOS

El debate sobre una nueva Constitución no es nuevo y, pese a que ahora la presión social es asfixiante, no parece fácil que el Gobierno del conservador Sebastián Piñera acceda a realizar esa cirugía mayor.

Javier Couso cree que Piñera planteará nuevas reformas y pondrá "mucho dinero" sobre la mesa, pero evitará aceptar una nueva Constitución porque ese es un punto "irrenunciable" para su sector político.

"Piñera no quiere pasar a la historia como el presidente que entregó la joya de la corona, que es la Constitución que protege el modelo neoliberal chileno", indicó.

Bassa también ve difícil que un Gobierno conservador impulse ese cambio, aunque subraya que la élite empresarial ha tomado nota de los últimos acontecimientos y ha entendido que "ningún modelo de sociedad puede garantizar desarrollo económico si no hay estabilidad social".

ALTERNATIVAS PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Pocos días antes de finalizar su segundo mandato, en marzo del año pasado, la expresidenta Michelle Bachelet envió al Parlamento un proyecto que trazó un itinerario para redactar una nueva Constitución.

El proyecto recogía el trabajo que se había realizado en asambleas ciudadanas desde el año 2015 y contemplaba varias alternativas, como la convocatoria de una asamblea constituyente, una comisión parlamentaria o un modelo mixto de congresistas y representantes de la sociedad civil.

Según algunos expertos, el proyecto de Bachelet es un buen punto de partida para acometer los cambios, aunque Bassa considera que la asamblea constituyente es la mejor opción por su amplia representatividad.

"Convoca a actores sociales distintos y podría ser el espacio institucional necesario para que aquellas voces que han sido postergadas durante los últimos 30 años, puedan tener un espacio de manifestación política", señala.

Sin embargo, Constanza Hube, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica (UC) y que ha sido asesora del oficialismo, cree que la elaboración de una nueva Constitución no es un prioridad social y que no hay claridad sobre las cosas que se quieren cambiar.

"La discusión se va a los mecanismos, crear una asamblea constituyente, se discute mucho de las formas para hacer ese cambio pero no se discute qué es lo que se quiere cambiar", indicó a Efe.

La jurista defendió que varias de las demandas sociales actuales se pueden satisfacer por la vía administrativa con decretos y sin la necesidad de alcanzar las mayorías que exige la Constitución.

Recordó además que en 2005, con Ricardo Lagos en el Gobierno, se realizó una profunda reforma constitucional, cuya magnitud fue tal, que para muchos prácticamente se trató de la elaboración de una nueva Constitución.

Esa reforma, explicó Hube, acabó con los llamados "enclaves autoritarios" del texto de Pinochet, que contemplaba la facultad presidencial de designar libremente senadores e impedía al presidente destituir a los comandantes de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas.