La Policía Nacional desmanteló una red internacional de matrimonios de conveniencia que había concertado más de un centenar de casamientos en España por los que los inmigrantes irregulares pagaban entre 10.000 y 12.000 euros y ha detenido a 34 personas, entre ellas un sacerdote.

Según informó ayer la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, la red organizaba matrimonios entre ciudadanos colombianos, la mayoría vinculados al narcotráfico, y españoles, que cobraban unos 3.000 euros.

A cambio del dinero, los inmigrantes podían obtener un permiso de residencia en España y, posteriormente, gestionar su nacionalización.

En la denominada operación Escarlata, en la que también ha participado la Policía Municipal de Madrid, se ha detenido a 34 personas, en Madrid y la localidad de Valdemoro, entre ellas un sacerdote nacido en Colombia, una funcionaria y una abogada.

No obstante, la investigación no ha concluido, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

A los arrestados se les imputan delitos de asociación ilícita, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, estafa, falsedad documental e infracción a la ley de extranjería.

Entre los miembros de esta red había una mujer, apodada Claudia, nacida en Colombia pero nacionalizada española, quien, a través de una supuesta gestoría en el barrio madrileño de Carabanchel y haciéndose pasar por abogada, era la encargada de realizar estos casamientos.

Con ayuda de otros miembros de la organización, la mujer había hecho una red de contactos, entre ellos algunos funcionarios, y acudía siempre a los mismos Registros Civiles y Juzgados de Paz de la provincia de Madrid y zonas limítrofes.

Según la Policía, esta mujer podría haber mediado en al menos 56 matrimonios civiles celebrados en el Juzgado de Paz de Torrelodones (Madrid), y otros 22 enlaces canónicos en distintas parroquias madrileñas.

Normalmente, el extranjero interesado en legalizar su situación contactaba con Claudia y le adelantaba parte de los 10.000 euros que costaba la boda con un ciudadano español, mientras que el resto del dinero era entregado tras obtener el permiso de residencia.

Claudia buscaba a la persona de nacionalidad española, generalmente de ambientes marginales, que a cambio de 3.000 euros accedía a contraer matrimonio.