La ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció ayer que el Gobierno ha propuesto hacerse cargo, junto con el Ejecutivo del País Vasco, de la mitad del coste de la contratación de vigilantes privados para reforzar la seguridad de los atuneros que faenan en aguas del Índico.

En respuesta a una interpelación del PP en la sesión de control en el Congreso, Chacón ha dado su visto bueno a la oferta del lehendakari, Patxi López, de que cada uno de los Ejecutivos se haga cargo de una cuarta parte de los gastos de la defensa de los pesqueros y que los armadores asuman la otra mitad.

Chacón ha confirmado que su departamento también sufragará el traslado del operativo de la seguridad privada, incluido el armamento militar que podrán usar los agentes a bordo de los buques una vez que el Consejo de Ministros apruebe las medidas legales previstas.

La ministra ha reiterado la negativa a embarcar infantes de marina en los atuneros, como le ha pedido el diputado del PP Arsenio Fernández de Mesa ante las dudas legales que hay sobre la capacidad de respuesta que los vigilantes privados podrán tener ante ataques piratas como el del secuestro del Alakrana.

Fernández de Mesa ha hecho hincapié en que la jurisdicción sobre la seguridad de los buques de bandera española en alta mar corresponde al Gobierno y no debería recaer en la seguridad privada.

“¿Qué autoridad internacional tendrán los agentes privados? ¿Podrán disparar? Si hay que matar a alguien, ¿quién se va a hacer responsable de todo eso?”, se ha preguntado el diputado del PP.