El Ministerio de Salud Pública de la República Árabe Saharaui Democrática reportó 26 nuevos positivos por Covid-19 el pasado miércoles. Con 47 fallecidos desde los primeros registros de infecciones por coronavirus, la preocupación aumenta al mismo ritmo que los contagios en esta tercera ola porque apenas se han administrado unas 5.000 dosis de la vacuna desde el mes de abril a una población que, según las cifras que manejaba Acnur en 2018, es de 173.600 habitantes.

“Ahora llega otro cargamento pero no es suficiente”, lamenta María Ovejero, representante de la Fundación Mundubut, quien atiende al teléfono después de varios intentos infructuosos porque han estado horas sin suministro eléctrico durante dos jornadas. Con temperaturas que rondan los 50 grados de máxima, la demanda energética supera la capacidad de los generadores. “Es muy difícil cumplir con las medidas higiénico-sanitarias preventivas porque no hay agua corriente en los campamentos” en los que el pueblo saharahui clama para que su reivindicación de autodeterminación frente a Marruecos no caiga en el olvido. “Los camiones cisterna surten a las familias una vez en semana, pero en verano se triplica el consumo”, relata, alarmada la situación que se ha encontrado tras más de un año de pandemia y a su vuelta a Rabuni, donde ejerce su actividad como cooperante. “Soy la única extranjera que se encuentra aquí”, asegura. Regresó hace un mes y medio, tras la reapertura de las fronteras. “La población se ha sentido abandonada”, asegura, por el cierre perimetral.

El impacto anímico ha sido duro, pero también han empeorado gravemente las condiciones de vida. “El cierre de Tinduf, la ciudad argelina más cercana, ha impedido el suministro de productos básicos, que han disparado su precio por la inflación”, explica.  El funcionariado recibe entre 30 y 50 euros al mes; un kilo de plátanos cuesta más de dos euros. 

La diáspora, afectada por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha dejado de enviar las remesas regulares a sus familias.“Hemos detectado anemias, malnutrición y problemas de crecimiento entre los niños que asistimos en colegios e institutos”, afirma alarmada. “La cesta de alimentos se ha reducido, la cooperación internacional se ha visto mermada”, advierte.

La ayuda enviada por la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (Fandas) a principios de año, mascarillas, gel hidroalhólico, termómetros, más de 1.300 cajas individuales, llegó en junio por el confinamiento, señala Gely Ariza, presidenta de la entidad. “Y preparamos un nuevo envío para octubre”, adelanta. Pero también reconoce que la suspensión por segundo año consecutivo del Programa Vacaciones en Paz pasa factura. “Además, se rompió el alto el fuego con Marruecos en noviembre y se ha abierto una crisis entre Rabat y España recientemente; no sabemos qué va a pasar”, admite. La organización, no obstante, prepara ya la próxima edición, tras la asamblea celebrada hace dos semanas.

“Tenemos toda la esperanza”, asegura Guadalupe Camacho, que acoge a niños desde el año 2004. “Aquí se hacen revisiones médicas” y reciben atenciones durante dos meses de las que están privados durante el resto del año en los campamentos. “Estamos pendientes de ellos, hacemos videollamadas”, apunta, por su parte Isabel González, quien indica que “hay familias hoy que reciben a los hijos de los pequeños que recibieron hace dos décadas”. Entonces, mantener el contacto era muy complicado, dice Alba Andreu, de Los Barrios, solo podíamos mandar un par de cartas al año o hablar un rato después de  esperar horas de cola para acceder a un telefóno. Pero, aunque tengan acceso a nuevas tecnologías, no viven mejor ahora. “Hay que insistir en que aquello necesita una solución política”, remarca Gely Ariza. “Los niños son los mejores embajadores de la causa y la alegría de nuestra casa”, añade Andreu.