El presidente de la Diputación Provincial de Granada, Sebastián Pérez, y el juez decano de Granada, Jesús Ignacio Rodríguez Alcaraz, han firmado un protocolo de colaboración referido a los municipios del partido judicial de Granada capital en materia de lanzamiento de primera vivienda ocupada, en presencia de la diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas.
Dicho protocolo obedece, según apunta la Diputación en una nota, a la "obsesión de esta institución por estar más cerca de quien más lo necesita" y complementa la gestión que se viene haciendo a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, primera de estas características que se puso en marcha en España desde la Diputación de Granada, "ayudando a cientos de familias a conservar su principal bien", ha remarcado el presidente de la institución provincial.
Sebastián Pérez ha añadido que "con este protocolo pretendemos articular todas las fórmulas disponible para ayudar a las personas, desde el punto de vista social y judicial, y actuar con agilidad para prevenir situaciones dramáticas antes de tener el problema social en la calle".
En esta misma línea, el juez decano de Granada ha señalado que "esta intervención no invade para nada el proceso judicial, que sigue su curso" y que "esta puesta en contacto entre las actuaciones de los juzgados y los Servicios Sociales Comunitarios permitirá que antes de que se produzca un lanzamiento o desahucio de una primera vivienda, se dé traslado de la fecha a dichos Servicios Sociales con la suficiente antelación para ofrecer soluciones a las familias afectadas y que no llegue el día y se vean en la calle sin saber adónde ir".
Enmarcado en los acuerdos que mantiene la Diputación de Granada con distintos colectivos judiciales en materia de desahucios en la provincia, el protocolo permite que la persona que va a ser privada de su vivienda habitual, en el momento del lanzamiento de la misma, pueda encontrarse en una condiciones que garanticen su dignidad, contando para ello con los recursos sociales disponibles para atender dicha necesidad. Así, adquiere su fundamento en la normativa en vigor, según la cual, los Servicios Sociales Comunitarios son el primer nivel de actuación para el logro de unas mejores condiciones de vida de la población.
El protocolo firmado establece dos fases de actuación. Por un lado, el órgano judicial da a la persona desahuciada información sobre la posibilidad de acudir, de manera gratuita, a los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes al domicilio objeto de desahucio o a la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Diputación de Granada, en el caso de procedimientos hipotecarios en los que se velará por no agotar los plazos legales establecidos.
De fijarse la fecha de ejecución material del lanzamiento, se comunicará directamente a los Servicios Sociales Comunitarios la fecha y el lugar del desahucio con el fin de que desde los mismos se ofrezca a las personas afectadas su ayuda, previo consentimiento de las mismas.
Los Centros Sociales Comunitarios adscritos a este protocolo son los de Alfacar, Montes Orientales, Pinos Puente-Moclín, Santa Fe, Sierra Nevada, Valle de Lecrín-Ogíjares, Vega-Temple-Las Gabias y Vegas Altas.
