La Fiscalía ha denunciado al exalcalde de Otura (Granada), Ignacio Fernández Sanz (PP), a una interventora municipal y a los arquitectos de la empresa encargada de redactar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el manejo de subvenciones de la Junta de Andalucía concedidas para elaborar este documento.
El caso se abrió a raíz de la denuncia presentada hace unos meses ante la Fiscalía por el Ayuntamiento de Otura, ahora gobernado por el socialista Nazario Montes, y parte de un requerimiento que hizo la Junta al Consistorio para la justificación de una subvención concedida para la redacción del PGOU, según consta en el decreto del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
A raíz de eso se pudo conocer la existencia de una serie de facturas que fueron emitidas por la empresa encargada de elaborar el plan general, las cuales "además de tener el mismo importe y concepto distinto", tenían duplicado en algunos casos el número de registro de entrada en el Ayuntamiento y en otros, la fecha de la factura era posterior a la de registro.
El PGOU fue contratado a esta empresa en febrero de 2006 por concurso público por un importe de 82.000 euros, estableciéndose un fraccionamiento de los pagos.
En el expediente no consta ninguna modificación del contrato durante su periodo de vigencia y pese a ello, el entonces alcalde de Otura "con el visto bueno de la interventora" abonó a los administradores de la empresa "cantidades muy superiores a las establecidas" hasta elevar la cifra hasta los 124.504 euros (42.504 euros más de lo contratado).
Agrega la Fiscalía que estos pagos fueron ordenados supuestamente por Ignacio Fernández Sanz sin que por parte de la interventora se hubieran efectuado reparos y "siendo ambos plenamente conscientes de la imposibilidad del pago", bien por atender a conceptos que no estaban recogidos en el contrato o porque las cantidades transferidas no se ajustaban a lo pactado.
Aunque el Ayuntamiento de Otura recibió dos subvenciones vinculadas a la elaboración del PGOU que ascendieron a algo más de 136.000 euros, el fiscal sostiene que en ningún momento se modifica el contrato "ni se han justificado razones de interés público" o causas técnicas imprevistas que motiven un aumento del precio.
De hecho, el Ministerio Público argumenta que "no existe justificación alguna" para la presentación de nuevas facturas en este proceso sin que existan trabajos o informes que lo justifiquen, ni tampoco para la "facturación en exceso" del resto de las minutas presentadas "como no sea para hacerse con los fondos concedidos por la Administración autonómica".
Alude en este sentido a la presunta existencia de un acuerdo previo entre todos los denunciados para "hacer que los contratistas pudieran apoderarse" del dinero de estas ayudas dirigidas a la redacción del plan general, lo cual no se ha concluido en la actualidad.
