El que fuera secretario-interventor en el Ayuntamiento de La Tahá de Pitres (Granada) ha admitido este martes irregularidades en relación a las renovaciones del crédito que solicitó el municipio para hacer frente al pago de la construcción de un instituto financiado por la Junta, reconociendo que se llevaron a cabo porque el dinero "se había gastado antes", y pese a que generaron intereses "inasumibles" para las arcas públicas.
"Confié en los políticos y la bola se hizo grande", ha llegado a reconocer ante el tribunal, atribuyendo a una "decisión política" el que se pagara con ese dinero "gastos sin consignación presupuestaria" en vez de solicitar un crédito como supuestamente él recomendó para solventar el problema de liquidez que padecía el Ayuntamiento. "Los políticos decidieron que no por la cercanía de las elecciones" y dijeron que "se haría después", ha señalado.
La Audiencia de Granada ha acogido este lunes la primera sesión del juicio por esta causa, en la que también están acusados dos exalcaldes de La Tahá de Pitres, José Jesús García Aragón y Rosario Fernández, ambos del PSOE; además de un concejal en el momento de los hechos, que se remontan a 2004.
Fue en ese año cuando el Ayuntamiento y la Consejería de Educación firmaron el acuerdo para la construcción del instituto con un presupuesto de 1,89 millones de euros, cuya financiación sería asumida íntegramente por la Junta.
La Fiscalía acusa a tres de los cuatro encausados --ha dejado fuera al exregidor José Jesús García Aragón-- por supuestas irregularidades en las renovaciones del crédito que propiciaron el "absoluto endeudamiento" del municipio, en lo que la fiscal aprecia delitos de prevaricación, de falsedad cometida por funcionario público y de uso de documento público falso.
Los dos exalcaldes han declarado que toda la documentación fue tramitada por el secretario municipal, que les asesoraba en la gestión y en él confiaban como garante de la legalidad.
La exregidora Rosario Fernández, que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años y nueves meses de prisión, ha incidido en que ella no tiene conocimientos contables y que cuando se le presentaba mucha documentación "no leía" ni "sabía" prácticamente de que se trababa, puesto que le presentaban una "carpeta con pósit" y su única "cautela" era comprobar que estaba la rúbrica del secretario para así firmar ella también.
Así, dice que no fue consciente de haber firmado las tres renovaciones de póliza que la Fiscalía pone en cuestión; una de las cuales se formalizó por un importe que triplicaba lo acordado por el pleno y las otras a "espaldas" del mismo o con documentación falseada, según la versión del fiscal.
El Ayuntamiento de La Tahá, ahora gobernado por el PP, está personado como acusación particular y solicita ocho años de prisión para el otro exalcalde, José Jesús García Aragón, quien ha declarado que él se puso "en manos" del secretario para todo este tipo de cuestiones.
El ya exsecretario ha reconocido que tramitó toda la documentación y que no hizo reparos por escrito al respecto, aunque matizando que los dos alcaldes socialistas era conocedores de todo y que fueron ellos los que decidían lo que se llevaba a pleno y los que tomaron "las decisiones políticas".
El juicio continuará el miércoles en la Sección Primera de la Audiencia con la declaraciones de varios testigos, entre ellos el actual alcalde, Marcelo Avilés (PP), y está previsto que finalice el próximo jueves.
