Dirigentes del PP de Granada han reconocido que no se revisó que los afiliados estuvieran al corriente de pago antes de poder votar en el congreso provincial en el que fue reelegido presidente Sebastián Pérez, una de las causas por las que pidió anularlo el también candidato Juan García Montero.
Lo han hecho durante su declaración en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Granada, que ha celebrado hoy el juicio sobre la demanda que presentó contra el PP el que fue precandidato a presidir el partido en esta provincia y edil Juan García Montero.
García Montero solicitó por vía civil impugnar el XIV Congreso Provincial del PP de Granada, al que inicialmente se presentaron cuatro candidatos y en el que fue reelegido como presidente Sebastián Pérez, al considerar que se habían cometido "graves irregularidades en el proceso electoral".
Entre las posibles irregularidades y a preguntas de los periodistas, García Montero ha dado protagonismo al censo de inscritos para votar, que no estaba revisado y en el que no se exigió, como marca el reglamento del partido a nivel nacional, que los afiliados estuvieran al corriente del pago de sus cuotas.
Ha puesto como ejemplo que entonces pudieron votar más de 5.000 simpatizantes del PP frente a los menos de mil que lo han podido hacer este mes para designar al presidente nacional después de una revisión del censo y la verificación del pago de las cuotas.
El gerente del PP, Francisco José Almohalla, ha relatado que formaba parte del Comité de Organización del Congreso (COC) con voz y sin voto y que los datos sobre afiliados los mandó Madrid, un listado que no incluía una revisión sobre el pago de cuotas.
Ha explicado que el reglamento del Congreso incluía que podrían votar los afiliados al corriente de pago, un dato que no se introdujo en la carta que se mandó a los simpatizantes del partido.
Ha dicho además que no se comprobó que los inscritos para votar cumplieran este requisito "por falta de personal y porque no todos los afiliados pagan lo mismo" y que el listado enviado desde la sede de Génova tenía deficiencias y hasta incluía a fallecidos.
En la misma línea han intervenido como testigos el secretario general del partido, Pablo García, y el secretario del Comité, Juan Antonio Robles, que han detallado que cada municipio de la provincia tiene unas normas, algunos pueblos no exigen un pago mínimo y que aunque no se exoneró el pago, no se revisó que se hiciera.
Robles ha interpretado que la denuncia de García Montero pretendía "dilatar el procedimiento", ha recordado que dijo antes de que se celebrase que lo impugnaría y, sobre los interventores, ha destacado que minutos antes de cerrar el plazo la candidatura del edil presentó una lista de 1.575 militantes, solo con DNI, pese a lo que actuaron como interventores.
El letrado del PP ha pedido el archivo de la causa sin entrar en el fondo porque García Montero no agotó las fases internas antes de recurrir a la vía civil y porque las resoluciones del Comité son inapelables en un juicio que ha quedado visto para sentencia.
