La Comisión Informativa del área de Inclusión y Políticas Sociales verá mañana miércoles las nuevas acciones impulsadas desde el Ayuntamiento isleño para seguir avanzando en la solución definitiva que ponga fin al conflicto que desde hace años afecta a los ex colegios de Defensa de la ciudad en relación a su mantenimiento.
Tal y como indica la alcaldesa, Patricia Cavada, el último paso dado en este sentido “para seguir avanzando en el compromiso que aceptamos desde el minuto uno de nuestro gobierno” fue el llevar la situación a los Tribunales para que sean éstos los que diriman la situación estableciendo a qué administración corresponde el mantenimiento de estos centros, ante la falta de avances por parte de la Consejería de Educación".
En este sentido, recuerda la regidora isleña el trabajo “desde el minuto uno” en este asunto, avalado por las numerosas reuniones mantenidas al más alto nivel con la Consejería de Educación, su secretario general, técnicos de ambas administraciones, etc. “A pesar de todo, seguían existiendo discrepancias jurídicas entre ambas administraciones y la situación seguía igual, por lo que decidimos dar un paso más y trabajamos en una propuesta técnica para avanzar en la resolución, de la mano de la Delegación Territorial de Educación, pero a pesar del intento de desbloquear la situación e intentar llegar a un principio de acuerdo, desde la consejería de Educación no se entendió la propuesta, por lo que decidimos afrontar otro paso más elevando el asunto a los tribunales”. De esta forma -incide Cavada- “se clarificará a quién corresponde la conservación y mantenimiento de los centros y todos ganaremos porque esta situación no puede mantenerse más en el tiempo”.
Así las cosas, y tras requerir formalmente a la consejería de Educación para que asuma la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros escolares -Cecilio Pujazón, Juan Díaz de Solis y Vicente Tofiño- y sin haber sido contestado aún el mismo, se ha encomendado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento la interposición de recurso contencioso-administrativo para el caso de que el requerimiento acordado no fuera atendido, además de requerir de nuevo a la consejería previamente “en el ánimo de intentar llegar a un acuerdo”.
“Seguimos trabajando e impulsando nuevas acciones para conseguir desbloquear la situación porque se viene alargando demasiado en el tiempo y estos centros no pueden esperar más tiempo. Por eso decidimos recurrir a los tribunales, a pesar de que la Junta de Andalucía es una administración que siempre viene cumpliendo con esta ciudad, al no haber acuerdo, se busca la solución recurriendo a la Justicia para la solución definitiva, de ahí, esta propuesta de acuerdo que se llevará al próximo Pleno para que estos centros estén en igualdad de condiciones que el resto”, asegura Cavada.
Con independencia de lo anterior, los problemas estructurales de estos centros están siendo atendidos desde Educación según marca la Ley y así, Cavada adelanta que “en el plazo de una semana”, la Junta de Andalucía comenzará la segunda obra en menos de un año en el CEIP Cecilio Pujazón, “obras que, con un coste aproximado de 28.000 euros, vendrá a solucionar los problemas de fugas de agua del centro porque se sustituirán las tuberías y contará con nuevas conexiones de suministro de agua”.
