El Pleno de Diputación –reunido en Barbate- ha anulado los honores y distinciones que, de 1948 a 1975, se concedieron a Francisco Franco, al general José Enrique Varela Iglesias, al vicepresidente del Gobierno de España Luis Carrero Blanco y a cinco ministros de la Dictadura: Antonio María Oriol y Urquijo, Federico Silva Muñoz, Juan José Espinosa San Martín, Blas Pérez González y José María Fernández Ladreda.

La propuesta del gobierno provincial ha sido defendida por el vicepresidente primero de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix y ha sido respaldada con los votos favorables de PSOE, IU, PA y Ganemos Jerez (el grupo Por Cádiz Sí Se Puede no ha comparecido en el Pleno), mientras que el PP se ha abstenido.

Juan Carlos Ruiz Boix, ha explicado que la anulación obedece al cumplimiento de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Y ha valorado la labor desempeñada por el servicio de Memoria Histórica y Democrática de Diputación para que los postulados de esta norma sean una realidad efectiva en la provincia de Cádiz. La propuesta elevada al Pleno se fundamenta en las indagaciones de una comisión técnica.

Las distinciones anuladas son las siguientes:

- La Placa de Oro concedida a Francisco Franco en 1948 (a quien ya se le anuló, hace diez años, la distinción de Presidente de Honor de Diputación).

- La Placa de Oro concedida a José María Fernández Ladreda en 1949.

- El título de Hijo Predilecto y Placa de Oro concedidas en 1951 a José Enrique Varela Iglesias.

- La Placa de Oro concedida a Blas Pérez González en 1957.

- La Medalla de la Provincia concedida a Antonio María Oriol y Urquijo en 1965.

- La Placa de Oro concedida a Juan José Espinosa San Martín en 1968.

- La Placa de Oro concedida a Federico Silva en 1968.

- Y el título de Hijo Adoptivo, a título póstumo, a favor de Luis Carrero Blanco en 1975.

En el debate intervinieron Antonio Alba, por Izquierda Unida, así como el portavoz del grupo Popular, José Loaiza. Alba respaldó la propuesta pero recordó que el origen de dicha iniciativa fue la reprobación planteada al torero Juan José Padilla tras su aparición con una bandera española, con un escudo preconstitucional, al término de una faena taurina. Loaiza reprochó la falta de rigor del informe al entender que no quedaban justificados los motivos de la anulación propuesta.

Ruiz Boix reiteró la decisión en el estricto cumplimiento de la ley. “En el cumplimiento de la legislación no podemos ser selectivos; tenemos que cumplir todas las leyes”, razonó el vicepresidente de Diputación. A modo de ejemplo expuso los motivos que la Diputación franquista empleó en su día para la concesión de honores a Carrero Blanco y al general Varela, “figura –este último- del movimiento salvador de la patria, encarnación del éxito de la cruzada contra la barbarie roja”. Y concluyó que “estamos ante motivos caprichosos” esgrimidos por las autoridades de la Dictadura. Sobre Padilla indicó que la comisión técnica se ha centrado, en esta primera ronda, en estudiar las distinciones “en las que pensábamos que habría unanimidad”, y no en planteamientos más discutibles, considerando que el diestro pidió disculpas, manifestó que no pretendía provocar y reconoció no advertir el escudo de la bandera que le lanzaron desde el tendido.

La presidenta de Diputación, Irene García, cerró el debate previo a la votación para mostrar su sorpresa. “No puedo entender que el cumplimiento de una ley nos lleve 20 minutos. Y ante el asunto en cuestión no tenemos dudas: es una vergüenza que esta Diputación mantenga honores y distinciones a estas personas. Seguiremos trabajando, porque la ley sigue en vigor”.