El juzgado de lo penal número 3 de Cádiz ha ordenado al Ayuntamiento de Sanlúcar que proceda a la demolición de una construcción ilegal ubicada en el Pago Santillana sobre la que pesa una orden de demolición desde principios del año 2008. Este requerimiento judicial, al que ha tenido acceso este periódico, está fechado a principios del mes de marzo y fija como plazo máximo para la ejecución de la sentencia dos meses. Además, en la comunicación, el titular del juzgado incide en el hecho de que la comunicación se realiza “por última vez” ya que desde hace cuatro años el afectado y el Consistorio, en calidad de auxilio judicial, vienen recibiendo notificaciones para el cumplimiento de la sentencia que se ha ido demorando.
Sobre la vivienda, una casa ilegal de 100 metros cuadrados y otros 18 de garaje anexo, pesa una sentencia firme de demolición por orden de la Audiencia provincial del 31 de enero de 2008. La sentencia señala que su propietario cometió un delito contra la ordenación del territorio al construir una vivienda ya no sólo en una zona no autorizada sino no autorizable.
Fue el anterior gerente de urbanismo, Alfonso Rodríguez, durante la época de Gobierno del PP, quien dio traslado a la Fiscalía de la ilegalidad de la vivienda, que está construida en un suelo cuya urbanización está prevista en el PGOU pero que está aún sin desarrollar y que, en cualquier caso, la parcela que ocupa la vivienda, se destina a zona verde, por lo que la sentencia del juzgado de lo penal ha venido señalando desde un primer momento que “la edificación en el mismo resultaría totalmente incompatible”. Su propietario fue condenado a una pena de seis meses de prisión, una multa de 2.160 euros, así como la demolición tanto de la vivienda como del garaje.
En octubre de 2008, la Fiscalía provincial de Cádiz recordaba al juzgado de lo penal que el condenado no había llevado a cabo la demolición, por lo que pidió auxilio judicial al Ayuntamiento de Sanlúcar para que procediera con sus medios, y a costa del condenado, a demoler la vivienda. La GMU inició entonces los trámites de redacción del proyecto de demolición y la contratación de la empresa encargada de llevar a cabo el derribo, pero la solicitud de indulto que el propietario de la vivienda pidió en 2009 volvieron a paralizar el asunto. Incluso la alcaldesa de Sanlúcar fue llamada a declarar solicitándole el titular del juzgado de lo penal que procediera “con urgencia y a coste del penado” a derribar la construcción.
DELITO DE DESOBEDIENCIA
De nuevo, el juzgado de lo penal, esta vez dirigiéndose ya a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)solicitó a principios de 2012 que actuara de oficio en la demolición de esta construcción, dando para ello el plazo máximo de dos meses. En este escrito, ya advertía el juzgado de la posibilidad de que, de no llevar a cabo el derribo, serían los responsables de la GMU los que podrían incurrir en un delito de desobediencia.
Con la casa aún en pie y tras varias negociaciones tanto con el juzgado como con el propietario de la vivienda, el Ayuntamiento de Sanlúcar ha recibido un nuevo aviso del juzgado en el que le dan de plazo “nuevamente y por última vez” dos meses para que se proceda a la demolición y comunicación al juzgado de la misma. Junto a la orden se advierte que, de no cumplir el Consistorio con la orden de auxilio judicial que el juez le viene solicitando desde 2008 para que proceda a derribar la vivienda ilegal, los responsables de la GMU habrán incurrido en un delito de desobediencia.
El Ayuntamiento tiene de plazo hasta mediados del mes de mayo para cumplir este último requerimiento judicial. Se trata de la primera sentencia de derribo firme que se ha producido en el municipio.
