Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda están visitando a todas las familias que en fechas recientes han decidido ocupar medio centenar de viviendas vacías de la localidad. Éstos, por su parte, siguen reclamando "normalizar" su situación a través de un alquiler social.
Según explica a Europa Press Raúl Moscoso, uno de los que "empujados por la necesidad" ha ocupado una de las viviendas, este mismo lunes su familia ha recibido la visita de una asistenta social, quien ha estudiado su situación y les ha informado de las ayudas que pueden recibir, fundamentalmente para la comida.
Raúl y las otras 14 familias que se han instalado en dos bloques vacíos en la zona de Bonanza siguen "reclamando soluciones". Continúan sin agua y sin luz, pero lo que realmente necesitan es saber "si nos van a dejar aquí" mediante un alquiler social "o si tendremos que recoger las cosas e irnos", una idea que, según dice, "no nos deja dormir ni pensar en otra cosa".
Preguntado por si ha habido algún intento de desalojo, explica que no y que, de hecho, la Policía ha acudido al lugar para preguntarles si están bien y para pedirles que procuren que "las viviendas no sean okupadas por gente que no lo necesite".
Estas familias en situación de exclusión social no son las únicas que han ocupado viviendas vacías en la localidad, estimándose que la cifra supera el medio centenar. Aluden a la "falta de casas con alquileres asequibles", a que están en situación de desempleo y con todas las prestaciones agotadas en la mayor parte de los casos.
Cabe recordar que el Ayuntamiento, que explicó en su día que no puede intervenir en estos casos debido a que las viviendasson propiedad de los bancos o de particulares, aprobó en Pleno un acuerdo para poner a disposición de la Junta terrenos municipales para que construya viviendas sociales.
Asimismo, acordó elaborar un censo de viviendas vacías y que están en propiedad de entidades bancarias como consecuencia de embargos. Su intención es, en colaboración de la Consejería de Fomento y Vivienda, estudiar la posibilidad de llegar a acuerdos con dichas entidades bancarias para que paguen un alquiler social las familias que las han ocupado en función de sus necesidades de vivienda y si están en riesgo de exclusión social.
