El Ayuntamiento espera una respuesta de la consejería de Vivienda

El Ayuntamiento de Sanlúcar no ha recibido aún respuesta alguna a los escritos enviados a la consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, relativos a la puesta a disposición de la administración andaluza de terrenos para la construcción de viviendas de promoción pública. Dichos terrenos están situados en la Avenida 1492, donde se pueden edificar 47 viviendas según el proyecto redactado y aprobado en su día, lo que significa que la Junta sólo tendría que iniciar las obras.

En las cartas remitidas por el Consistorio también se informa del número de viviendas que han sido ocupadas en distintos puntos de la localidad y se urge a la consejera a que adopte las medidas necesarias habida cuenta de la situación creada en la últimas semanas, poniéndose el Ayuntamiento con todos sus medios a su entera disposición.

Mientras se espera alguna iniciativa a este problema por parte de la Consejería de Vivienda, desde el Ayuntamiento muestran su sorpresa además de por la falta de respuesta por parte de la consejería que dirige Elena Cortés, Izquierda Unida, formación de la que es integrante la consejera, pida que se facilite luz y agua a las viviendas ocupadas de manera ilegal, "alentando de esta forma a que se puedan producir otras ocupaciones de este tipo a unos inmuebles que en muchos casos no cuentan con licencia de primera ocupación porque no reúnen las las condiciones adecuadas para ser habitadas con total garantía". Por ello el Gobierno local pide a IU que actúe "de manera responsable" y "no anime" de esta forma a que se reproduzcan este tipo de acciones.

Con todo, desde el Ayuntamiento consideran que este apoyo expreso de IU a los ocupas junto a las informaciones aparecidas hoy en Sanlúcar Información con instrucciones que supuestamente da el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) sobre cómo proceder a la ocupación de las casas, "da pie a pensar que la masiva ocupación de viviendas puede responder a una estrategia política de determinadas organizaciones". A juicio del Gobierno local, lo correcto sería informar a los afectados por la falta de vivienda de que deben estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda y contar con los correspondientes informes de evaluación de los Servicios Sociales para buscar posibles soluciones de la mano de la Consejería de Vivienda.

En este sentido, en un comunicado emitido por el Ayuntamiento, argumentan que seguirán actuando "dentro de la legalidad" y cumpliendo los acuerdos plenarios para promover y facilitar la cesión de suelos para la construcción de viviendas sociales, a la vez que atiende a las familias en peligro de exclusión social y más desfavorecidas, mientras pide a todas las organizaciones políticas y sindicales "responsabilidad", así como a los responsables de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que "adopten las medidas necesarias para evitar en lo posible nuevos episodios de ocupación ilegal de inmuebles en la localidad".