El desarrollo de la sesión plenaria que se celebró este jueves por la tarde en el Ayuntamiento de Sanlúcar derivó en la intervención final de la Policía Local para escoltar al alcalde, Víctor Mora, y al resto de concejales del equipo de Gobierno para que pudieran abandonar el Palacio municipal.
Ese final fue la consecuencia de una tarde muy tensa, en la que la Corporación municipal intentó mantener la normalidad en el desarrollo del Pleno pese a las continuas intervenciones por parte del público que se dio cita en el salón de plenos, al que se restringió la entrada en función del aforo, por lo que muchos de los representantes de los colectivos que acudieron, quedaron fuera del salón, provocando también interrupciones en la sesión, con cánticos, y golpeando los cristales del salón de Plenos durante la intervención de los distintos ediles de la Corporación municipal.
La jornada se desarrolló con dificultades, ya que una avería en la megafonía del salón de Plenos provocó que apenas se pudiera escuchar a los concejales de los distintos partidos políticos durante sus intervenciones, que, además, se vieron interrumpidas por las intervenciones de representantes de las Corralas por la Dignidad, las trabajadoras de la empresa de ayuda a domicilio Claros y otros asistentes al Pleno. Precisamente al término del mismo tomaron la palabra representantes de las corralas y también la presidenta del comité de empresa Claros, ya que habían pedido la palabra junto al delegado sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sanlúcar.
En medio de este clima de máxima tensión, finalmente se abordaron los distintos puntos llevados al Pleno, si bien el alcalde tuvo que llamar varias veces al orden y pedir a los asistentes que guardaran silencio para que se pudieran abordar las cuestiones planteadas en el máximo órgano del Consistorio, dando cuenta de la renuncia de la ex concejal de Turismo, María Jesús Herencia, y la provisión de vacante.
En cuanto a la gestión municipal, el Pleno aprobó la modificación del plan de saneamiento para incluir la realización de dos obras, del Plan reactiva promovido por la Diputación provincial de Cádiz, para ejecutar por iporte de 100.000 euros mejoras en dos caminos rurales de la ciudad. El punto llevó a enfrentarse al portavoz del grupo municipal popular, Juan José Marmolejo, con la portavoz del Gobierno local, Milagrosa Gordillo, al no especificar esta que se trataba de una actuación de la institución provincial. Marmolejo pidió “lealtad institucional” al equipo de Gobierno sobre las inversiones realizadas en la ciudad.
El portavoz del PA intervino para censurar la actitud de Izquierda Unida, respecto al decreto que recoge la petición de exención del pago del IBI de esta formación política tal y como establece la ley. “Ni es el momento ni la situación lo permite”, manifestó Prats, quien calificó de “lamentable” que los partidos políticos pidamos la exención del IBI “cuando los ciudadanos no pueden ni pagar este impuesto”.
Con la abstención del PP y la oposición de IU salió adelante una transferencia de crédito por importe de 440.210 euros para abordar diversos gastos corrientes del Ayuntamiento. Según explicó la edil de Hacienda, Inmaculada Muñoz, este dinero se había obtenido como superávit al aplicar el plan de ajuste municipal y se proponía su traslado para atender gastos que ahora mismo están pendientes de consignación, como el de telefonía, el seguro de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, vestuario y suministros. El PP criticó lo que consideraba un aumento en la partida para atender las reclamaciones patrimoniales, “que atestiguan el mal estado de las calles de la ciudad”. Sin embargo, Muñoz replicó que la franquicia de esta póliza había disminuido en los últimos años, de 140.000 euros a 60.000 “precisamente porque han mejorado las condiciones de la ciudad” y reprochó al PP el impago, durante cuatro años, de este seguro.
Por unanimidad se aprobó la propuesta del grupo socialista solicitando a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación actuaciones prioritarias en la Huerta de San Cayetano y en la antigua casa cuartel de la calle Luis de Eguilaz. IU dio a conocer la inversión prevista por el Gobierno andaluz, cifrada en más de 570.000 euros, para mejorar a barriada de la Cruz de Mayo, donde ya se han ejecutado actuaciones para mejorar la red de saneamiento por importe de 24.000 euros, lo que sirvió para que el PP cuestionara la ‘conexión’ entre PSOE e IU que gobiernan en la Junta de Andalucía.
La unanimidad de los grupos con representación en el Pleno llegó en las dos mociones presentadas por el grupo independiente en las que instaba al Ministerio de Medio Ambiente, Demarcación de Costas y demás organismos competentes a la regeneración integral del frente litoral desde Bonanza a La Jara. Juan Marín defendió desde CIS la propuesta y apuntó a un problema de falta de arena, a lo que el PP señaló que es la Junta de Andalucía quien tiene limitada la extracción de las reservas de las que se nutre Sanlúcar. La propuesta quedó aprobado con una enmienda instando a la Junta a facilitar la obtención de áridos. También salió adelante la reivindicación de CIS para que el Estado ejecute el sendero litoral. Elna Sumariva (CIS) reclamó “hechos e inversiones” para Sanlúcar censurando la inversión de “cero euros” en los presupuestos del Estado.
Nada más levantarse la sesión, el alcalde fue increpado por varias trabajadoras de la empresa Claros, que trasladaron al Pleno a través de la presidenta del comité de empresa, Gloria Robles, la difícil situación que atraviesa la plantilla, más de un centenar de empleadas que acumulan retrasos en el cobro de sus nóminas “Cobramos tarde y mal, con pagos fraccionados, y así no se puede llegar a final de mes. Incluso a cinco trabajadoras les está dando de comer Mujeres Solidarias”, explicó Robles, solicitando la intervención del Ayuntamiento, quien adjudicó el servicio a la empresa Claros, “cansados de que se tiren la pelota de la empresa a la Junta, esta al Ayuntamiento y éste a la empresa”.
También tomó la palabra la portavoz de la corrala de la Jara, Esperanza, quien cuestionó al alcalde sobre su apoyo al movimiento de ocupación recriminando que no hubiera visitado a las familias okupas. Demandó luz y agua “con cisternas y generadores”, así como que “alguien con autoridad certifique que vivimos en estas viviendas” y pidió al alcalde que impidiera el desalojo notificado horas antes por el juzgado para la Corrala Jaramillo.
Por su parte, Manuel Romero Caro señaló las posibles irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Sanlúcar con respecto al nombramiento de tres trabajadores municipales a los que se les habría cambiado de categoría a una superior y “desconociendo donde desarrollan su labor”. “Este pacto de Gobierno sólo ha servido para machacar a los trabajadores de ese Ayuntamiento”, dijo. El alcalde por su parte, le pidió información -tras no obtener respuesta por escrito- sobre el plan de pensiones privado de los trabajadores municipales que supuestamente Caro preside y que gestiona 6 millones de euros.
