El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio del Interior, ha dado luz verde al Real Decreto de revisión y actualización del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI) de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.
El objetivo del plan es lograr una actuación coordinada de todas las administraciones y la sociedad para disminuir los riesgos de inundación y reducir las consecuencias negativas de las inundaciones.
El PGRI se basa en un programa de medidas que cada una de las instituciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias, bajo los principios de solidaridad, coordinación, cooperación y respeto al medioambiente.
El presupuesto programado a 2027 es de 222,66 millones de euros, de los cuales, la mayor parte se corresponde con medidas de protección (un 70,2 % del total, 156,23 millones de euros), de las que podemos destacar el presupuesto dedicado a proyectos de restauración fluvial (63,73 millones de euros) y a los programas de mejora de la continuidad fluvial y recuperación del espacio fluvial (44,17 millones).
También destaca el presupuesto dedicado a actuaciones de prevención (un 22,1 % del total, 49,24 millones), con el mantenimiento y la conservación de cauces (35,59 millones), los estudios de mejora de conocimiento o la adaptación de elementos en zonas inundables (8,8 millones).
En el ámbito de la preparación (16,09 millones, el 7,2% del presupuesto total), destacan el mantenimiento de las redes de medidas hidrológica (9 millones) y la mejora de las redes de observación meteorológica (6,3 millones).
El PGRI contempla 18 nuevas áreas de riesgo potencial significativo fluviales que se añaden a las 125 que ya estaban contempladas y los mapas de peligrosidad y riesgo de las más de 300 zonas identificadas, que incluye hospitales, colegios, centros de mayores, lugares de concurrencia pública destacada, instalaciones de energía, infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias y un largo etcétera.
La elaboración del PGRI de la demarcación del Guadalquivir
Segú ha informado la Confederación, los PGRI son documentos de competencia estatal, elaborados por la CHG, de obligado cumplimiento y tienen como objetivo la actuación coordinada de todas las administraciones y la sociedad para disminuir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medioambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.
El plan aprobado supone la actualización de los documentos de primer ciclo. Para ello, la CHG ha desarrollado una intensa labor de revisión del Plan para dar cumplimiento a la Directiva Europea para la Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación y su transposición al ordenamiento jurídico español, a lo largo de tres fases, una primera de evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), una segunda de elaboración de Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación, y la última de elaboración de Planes de Gestión de Riesgo de Inundación, fase en la que nos encontramos en la actualidad.
En la primera fase, en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, se identificaron 1.082,31 kilómetros de tramos de Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones (ARPSIs), compuestos por 1.009,27 km de origen fluvial y 73,04 km de origen costero y distribuidos en 128 ARPSIs, 125 fluviales y 3 costeras.
Durante la segunda fase, se realizaron los mapas de peligrosidad y riesgo correspondientes a las 18 nuevas áreas de riesgo potencial significativo (ARPSIs) fluviales adicionales identificadas en el segundo ciclo. Además, se modificaron y actualizaron los mapas de peligrosidad y riesgo de 69 subtramos correspondientes a 44 ARPSIs.
La tercera fase se inició con la publicación en el BOE (22/06/2021) del inicio del periodo de consulta pública del documento durante tres meses. A lo largo de ese periodo, se envió notificación escrita a más de 400 organismos e instituciones para que pudiesen realizar las aportaciones y formular las observaciones y sugerencias que estimasen oportunas. Todas las alegaciones y colaboraciones recibidas se estudiaron y contestaron debidamente, incorporándose en el documento final las modificaciones pertinentes de aquellas que se consideraron oportunas
Con la reciente aprobación del PGRI finaliza la tercera fase del segundo ciclo del Plan, que estará vigente hasta el próximo 2027, fecha en la que será sustituido por un nuevo documento revisado, acorde a las necesidades de ese momento.
Mejoras del PGRI con respecto al primer ciclo
La preparación ante las inundaciones, el incremento de la percepción del riesgo, la adopción de estrategias de autoprotección y una mayor sensibilización son esenciales para aplicar con éxito las medidas que se contemplan en el PGRI, por lo que una de las acciones más importantes previstas en este ciclo es la elaboración e implantación de una Estrategia Nacional de Comunicación del riesgo de inundación y adaptación al cambio climático.
Para este segundo ciclo de los PGRI se ha mejorado también la identificación de los elementos en riesgo (hospitales, colegios, centros de mayores, lugares de concurrencia pública destacada, instalaciones de energía, infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias, etc.) en estrecha colaboración con las autoridades de Protección Civil, siendo ahora la información que ofrecen los mapas de riesgo más precisa y ajustada a las necesidades de la gestión en la emergencia.
Junto a esta mejora de conocimiento, los PGRI también profundizan en el estudio del impacto del cambio climático. Estos planes suponen la consolidación de los programas de adaptación al riesgo de inundación e incluyen el desarrollo de programas específicos para el incremento de la resiliencia en los sectores o ámbitos territoriales más afectados.
Otro de los aspectos fundamentales de los documentos radica en la predicción de avenidas y el sistema de alerta. En este segundo ciclo se contempla la modernización y optimización de las redes de control, el incremento de puntos de medición y el desarrollo de herramientas informáticas necesarias para mejorar la gestión de los recursos hídricos en situación de avenida.
Con el fin de impulsar las soluciones basadas en la naturaleza, los nuevos planes también contemplan medidas para mejorar el estado de las masas de agua, enfocando la gestión del riesgo de inundación hacia acciones sostenibles y eficientes. Además, potencian la ejecución de medidas que incrementen el espacio fluvial, la recuperación de hábitats, la creación de llanuras de inundación y retranqueo o la eliminación de obras de protección obsoletas o con poca funcionalidad, todo ello en coordinación con la planificación hidrológica y la protección de los ecosistemas.
Programa de Medidas de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir
El programa de medidas de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir se compone de 36 medidas generales, que se pueden organizar según su tipología y su ámbito de aplicación:
- Por ámbito territorial en el que aplica la medida: nacional, autonómico, demarcación y ARPSI
- Por fase de gestión del riesgo a la que contribuye la medida: prevención, protección, preparación y recuperación
- Por tipología de medida, de acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica y los grupos de reporting establecidos en coordinación con el Plan Hidrológico de cuenca.
El presupuesto programado a 2027 es de 222,66 millones de euros, de los cuales, la mayor parte se corresponde con medidas de protección (un 70,2 % del total, 156,23 millones de euros), de las que podemos destacar el presupuesto dedicado a proyectos de restauración fluvial (63,73 millones de euros) y a los programas de mejora de la continuidad fluvial y recuperación del espacio fluvial (44,17 millones).
También destaca el presupuesto dedicado a actuaciones de prevención (un 22,1 % del total, 49,24 millones), con el mantenimiento y la conservación de cauces (35,59 millones), los estudios de mejora de conocimiento o la adaptación de elementos en zonas inundables.
En el ámbito de la preparación (16,09 millones, el 7,2% del presupuesto total), destacan el mantenimiento de las redes de medidas hidrológica (9 millones) y la mejora de las redes de observación meteorológica (6,3 millones).
