El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha respaldo este jueves la petición de los sindicatos UGT y CCOO a las tres administraciones --Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento-- de "retomar" el acuerdo de prevención de riesgos laborales en las próximas obras del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla (Pino Montano-Prado por 1.300 millones de euros).
En declaraciones a los medios tras una visita al Centro de Control de Emasesa, Muñoz ha señalado que el Consistorio "ve con buenos ojos" esta reclamación sindical porque "funcionó bien en la línea 1". "Me parece una medida preventiva necesaria de acuerdo con el marco legal existente. Apoyo a dicha iniciativa", ha remarcado el primer edil.
Tras la firma del convenio de cofinanciación para la construcción, CCOO y UGT han recordado la iniciativa puesta en marcha para la línea 1, que contó con la implicación de todos los actores, y que "resultó de enorme efectividad para optimizar la vigilancia de la salud y prevención y reducir los indicadores de siniestralidad muy por debajo de los estándares de este tipo de intervenciones".
Mediante un escrito registrado y dirigido al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ambos sindicatos han manifestado que "en aquel momento, se suscribió un acuerdo por parte de todas las administraciones con UGT y CCOO para el seguimiento de los trabajos y la máxima colaboración entre la adjudicataria de los mismos con los técnicos de prevención sindicales".
"Esta labor se desarrolló --apostillan UGT y CCOO-- durante los trabajos, generando un clima de cooperación entre todos los actores y facilitando una cultura preventiva compartida que, siendo pionera entonces, tuvo un resultado magnífico en términos estadísticos de siniestralidad". En la provincia de Sevilla, la incidencia en términos de siniestralidad laboral "supera en la actualidad cualquier rango estatal", con más de 27.000 accidentes laborales en 2022 y 27 personas fallecidas.
CCOO y UGT han calificado como fundamental "actualizar un instrumento que se demostró como sumamente válido para la consecución de un fin social del que cada administración es competente de una u otra forma, entendiendo además que el momento actual es idóneo para consensuar la fórmula más adecuada, dado que aún no se ha iniciado la fase de redacción de pliegos y apenas se ha conformado una comisión técnica participada administrativamente por Gobierno central autonómico y municipal".
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