Los vecinos de la barriada Guadalquivir, en Coria del Río, continúan luchando contra los efectos de la contaminación ambiental provocada por una fuga de hidrocarburos en la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L., que desde hace años afecta la salud y la calidad de vida de la comunidad. Recientemente, el colectivo de afectados, liderado por su portavoz Rogelia Gómez, mantuvo una reunión con representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento, donde abordaron las principales demandas del vecindario, destacando el caso de un bebé intoxicado por benceno debido a la exposición de su madre embarazada a los gases tóxicos detectados en la zona.
Durante la reunión, en la que no participó el alcalde Modesto González, los vecinos insistieron en la urgente necesidad de poner en marcha una "comisión de trabajo" entre las administraciones para coordinar acciones efectivas frente a esta problemática. Esta medida ya había sido acordada mediante una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PSOE en el Parlamento de Andalucía, pero hasta la fecha no se ha llevado a cabo. La portavoz del colectivo solicitó además un estudio epidemiológico específico para la barriada, un informe de la Fiscalía de Medio Ambiente y un análisis forense que establezca la relación directa entre la exposición a los contaminantes y las dolencias que afectan a los residentes, citando el grave caso del bebé expuesto a benceno.
Ante la falta de medidas efectivas y con la intención de elevar la presión, los vecinos y representantes políticos municipales acordaron promover un "pleno monográfico" en el Ayuntamiento para que el colectivo pueda exponer directamente sus preocupaciones y preguntas al alcalde. Gómez recordó que la Delegación de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía ya había solicitado al Consistorio la creación del grupo de trabajo, mediante un escrito enviado el pasado 7 de julio, pero hasta el momento no se ha dado respuesta.
La situación en la barriada Guadalquivir permanece crítica. Un reciente informe del Servicio de Calidad del Suelo de la Junta de Andalucía revela que las aguas subterráneas aún presentan "elevadas concentraciones de contaminantes", lo que impide que el proyecto de descontaminación iniciado por la empresa Zamarrilla Inversiones sea considerado satisfactorio. Aunque la compañía, junto con la entidad de inspección Inerco, ha presentado documentación que califican como el "informe final del proyecto" de recuperación, el análisis oficial concluye que el proceso no ha agotado las medidas necesarias para la descontaminación total.
El informe, fechado el 28 de agosto, expone que las técnicas de remediación empleadas hasta el momento han sido insuficientes, recomendando una ampliación del proyecto de recuperación que incluya la continuación del control de las aguas subterráneas para evitar posibles "efectos rebote" en épocas de bajas precipitaciones. Asimismo, el Servicio de Calidad del Suelo sugiere realizar un muestreo en las áreas con mayor afectación y estudiar la retirada de depósitos clausurados e inactivos que podrían estar contribuyendo a la persistencia de la contaminación.
En febrero de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitió una sentencia en la que se ordena al Ayuntamiento de Coria del Río la reactivación de la declaración de los terrenos de la gasolinera como "contaminados" y la resolución de un procedimiento que había sido archivado anteriormente. Esta decisión responde a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, que confirma la presencia de contaminantes en los suelos y su impacto en las viviendas cercanas. No obstante, el TSJA denegó la petición de reubicación de los vecinos, así como la aplicación de sanciones disciplinarias contra funcionarios y las demandas de compensación económica, lo cual ha llevado al colectivo a recurrir en busca de mayor amparo.
La problemática también incluye un informe de junio de 2020 elaborado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que identificó un "daño sustancial" en la calidad del suelo y de las aguas subterráneas de la zona debido a la contaminación por hidrocarburos. Dicho informe alertaba sobre un "riesgo importante de grave perjuicio a la salud" de los residentes y al sistema natural del Estuario del Guadalquivir, al que afectan los vertidos tóxicos. En sangre de ocho vecinos de la barriada se detectaron sustancias tóxicas como N-hexano y acetona, que, aunque presentes en "bajas concentraciones", son conocidas por su impacto perjudicial en la salud humana.
La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía también emitió en 2017 un informe basado en un estudio epidemiológico de 138 habitantes de la barriada Guadalquivir. Tras revisar la mayoría de los historiales médicos, la Junta no halló conclusiones definitivas sobre el impacto de la exposición en términos de patologías crónicas o de riesgo a medio y largo plazo. No obstante, la comunidad insiste en que su experiencia diaria, junto con los episodios recurrentes de malestares respiratorios y casos de contaminación en menores, como el bebé intoxicado, ponen de manifiesto la necesidad de una investigación médica más profunda y específica para la población afectada.
Para los vecinos de la barriada Guadalquivir, la lucha contra los efectos de la contaminación y el aparente abandono de las administraciones son el centro de sus reivindicaciones. "No nos sentimos escuchados, y las promesas se quedan en palabras", declaró Rogelia Gómez. A la espera de la activación de la comisión de trabajo, del pleno monográfico en el Ayuntamiento y de respuestas contundentes de la Junta de Andalucía, los vecinos reiteran su determinación de seguir exigiendo soluciones efectivas y piden a las autoridades una acción decidida que permita frenar los efectos de la contaminación en su entorno y, sobre todo, en su salud.
