El Ministerio de Economía y Hacienda inició en 2011 un expediente sancionador a Price Water House Coopers Auditores (PWC) por las deficiencias detectadas en la auditoría de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2008, según consta en un informe remitido por el Ministerio a la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga presuntos delitos societarios en el mercado central sevillano.
La información sobre el expediente sancionador, remitido al juzgado el pasado 17 de octubre por el subdirector general de Normas Técnicas del Ministerio a la jueza Alaya y al que ha tenido acceso Viva, se refiere a la “posible falta de evidencia adecuada y suficiente y posible falta de inclusión en el informe de auditoría de salvedades en relación con el registro en contabilidad de las obligaciones derivadas del Expediente de Regulación de Empleo” de 2007, además de otras deficiencias en la auditoría de las cuentas de Mercasevilla del ejercicio 2008 relativas a los gastos y la adjudicación del contrato con Sanma.
Sobre el contrato de opción de compra con Sanma, cuestiona el expediente que los auditores incluyan el abono de esta empresa de 851.000 euros para concurrir a la adjudicación de terrenos de Mercasevilla cuando “parece deducirse que la adjudicación de dichas obras no se había realizado” y cuando esa cantidad es superior a los 252.000 euros que se reconoce pagada en 2007, lo que debería haberse recogido “como una salvedad a reflejar en el informe de auditoría”.
Sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a la plantilla en 2007, el expediente afirma que no se incluye “el documento mediante el cual se constate expresamente la asunción, por parte de la Junta de Andalucía, de los informes a pagar”, que se elevaba en total a 6.910 millones, extremo que PWC explicó por la “confidencialidad” que le había pedido la dirección de Mercasevilla, entonces dirigida por Fernando Mellet, imputado junto con otros cargos directivos y políticos, como el exprimer teniente de alcalde y actual portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos.
El expediente le recuerda a los auditores que debe obtenerse una “evidencia suficiente y adecuada mediante la realización y evaluación de pruebas”, especialmente cuando se implica a terceros, según la Norma Técnica de Auditoría 2.5.25, apuntando que su informe daba como “evidencia suficiente y adecuada un contrato firmado entre dos partes, en el que se hacen constar las obligaciones a asumir por un tercero sin que figure expresamente el consentimiento de aquél y sin que exista una normativa legal que ampare tal obligación”.
Sobre la confidencialidad, le recuerda el Ministerio al auditor que el contrato que firmaron con la empresa la recoge expresamente y que es una obligación incluida en la Ley de Auditoría de Cuentas, y que no se incluyó como salvedad o caso excepcional -que sí recoge la normativa- el caso del ERE de 2007 mientras sí se hizo con el contrato de opción de compra con Sanma.
Otra de las deficiencias encontradas en la auditoría de las cuentas de 2008 realizada por Price Water House Cooper se refiere a la ausencia de “razonabilidad y evidencia documental” del acuerdo referido a los trabajos efectuados por personal de Mercasevilla para la Fundación Mercasevilla y que se elevaron a 162.000 euros, además de desconocerse el tratamiento dado “a efectos de cobrabilidad” a 176.000 euros, a pesar de que el auditor concluyó “sin incidencias sobre dicho saldo deudor de la Fundación”.
Viva se ha puesto en contacto con el Ministerio de Economía, en concreto con el departamento de Normas Técnicas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y con Price Water House Coopers Auditores, sin que ambas partes hayan querido realizar declaraciones o aclaraciones al respecto.
