El responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas, ha salido en libertad provisional después de que su familia haya podido abonar la fianza de 60.000 euros que le impuso la juez Mercedes Alaya para poder abandonar la cárcel, donde ingresó el pasado mes de diciembre tras ser detenido en la segunda fase de la operación 'Madeja', en la que se investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, entre otros, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a Fitonovo y Fiverde.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que, recientemente, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla decidió rebajar de 150.000 a 60.000 la fianza impuesta inicialmente al imputado para poder salir en libertad, una cantidad ésta última que ha podido abonar la familia de Francisco Luis Huertas, permitiendo de este modo que saliera en libertad hace varios días.
De este modo, ya sólo permanecen en la cárcel el administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baró, y el exjefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores.
El abogado de Francisco de Amores recurrió el auto de prisión ante la propia juez, que ha desestimado dicho recurso, mientras que la defensa de José Antonio González Baró recurrió directamente ante la Audiencia Provincial.
Según las fuentes consultadas, la magistrada ha tardado un mes en elevar este recurso a la Audiencia, y ahora será la Sección Primera la que deba decidir si lo estima y deja en libertad al imputado o, por el contrario, mantiene su situación de prisión provisional.
En el recurso, el letrado de González Baró pedía su libertad alegando que la orden de ingreso en prisión no señalaba riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, sino "peligro de reiteración delictiva", extremo que el abogado descarta absolutamente porque dada la proyección de esta causa judicial y su impacto en los medios de comunicación, "ya nadie quiere contratar con Fitonovo".
La operación 'Madeja', actualmente bajo secreto y que ha sido desarrollada en dos fases entre julio y diciembre de 2013, se ha saldado hasta el momento con nueve personas detenidas y otras cuatro imputadas por la Guardia Civil. En la primera de estas fases, fueron detenidas cuatro personas e imputadas otras dos, siendo Domingo Enrique Castaño el único que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto de 2013 después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.
La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.
Ya en la segunda fase de la operación, desarrollada en diciembre, la Guardia Civil imputó a dos personas y detuvo a otras cinco, de las que entraron en prisión tres, quedando en libertad sin fianza el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, y un ingeniero de caminos, empleado de la empresa Jardines y Riegos Al-Andalus, imputado por un delito de cohecho después de que la instructora le acusara de haber realizado un pago de 25.000 euros a Francisco de Amores, aunque según algunas fuentes éste habría alegado que dicha cantidad se correspondería con un préstamo.
CONTABILIDAD 'B'
Amores también habría sido acusado de haber recibido pagos periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo a cambio de la adjudicación de un contrato de mantenimiento, y de hecho la Guardia Civil le enseñó durante su declaración un supuesto documento con un pago a su nombre, aunque sin su firma, no obstante lo cual el exalto cargo de Parques y Jardines negó ante la juez Alaya todas las acusaciones.
En esta segunda fase de 'Madeja', la magistrada imputó al director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), que fue destituido de manera fulminante y nada más conocer su imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.
La juez investiga una supuesta contabilidad 'b' de la empresa Fitonovo donde ésta registraría las presuntas 'mordidas' abonadas a cambio de ser favorecida en la concesión de determinados contratos públicos.
