El pleno de la Diputación provincial, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado una modificación presupuestaria por valor de más de 1,31 millones de euros, ligada a la creación de 12 nuevas plazas de bombero funcionario de carrera y 20 plazas de trabajador social destinadas al refuerzo de la aplicación de la Ley de Dependencia en municipios de menos de 20.000 habitantes, una labor que ejercían 22 trabajadores cuyos contratos expiraron el pasado 31 de diciembre. Estas personas demandan continuar trabajando dentro del citado programa y la Diputación asegura que está obligada a convocar plenamente estos puestos de trabajo.
En concreto, el orden del día incluía una modificación presupuestaria por valor de más de 1,31 millones de euros, para financiar con fondos propios el Programa de Refuerzo de los Servicios Sociales Municipales en cargados de la aplicación de la Ley de Dependencia, costear la creación de 20 plazas de trabajo de la categoría de trabajador social para atender precisamente este servicio y, por último, para sufragar la creación de 12 nuevas plazas de bombero funcionario de carrera con destino al Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei).
La modificación presupuestaria incluye una partida para concurrir a las subvenciones de la Junta de Andalucía para el desarrollo de un programa de actuaciones conjuntas de dotación y modernización de espacios productivos, para lo que se requiere que la institución provincial aporte un 20 por ciento del coste total del programa.
PROTESTA DE LOS TRABAJADORES
Pero el debate de esta operación ha estado marcado por la protesta de los 22 trabajadores sociales que hasta el 31 de diciembre de 2014, ejercían para la Diputación provincial las citadas labores de refuerzo en la aplicación de la Ley de Dependencia en los municipios de 20.000 habitantes, muchos de los cuales llevaban hasta siete años ejerciendo esta tarea. Y es que sus contratos han expirado y la institución provincial, como contratante de estos trabajadores hasta ahora encargados del Programa provincial de Refuerzo de los Servicios Sociales Municipales, ha decidido crear como tal plazas de empleo público para cubrir las labores que ellos prestaban como empleados contratados expresamente para la ejecución de un programa concreto.
Según la Diputación, la paulatina reducción o retraso de los fondos estatales o autonómicos que llegan a la institución provincial para financiar el Programa de Refuerzo de los Servicios Sociales Municipales ha motivado que esta administración haya decidido asumir directamente los costes del mismo, lo que le obligaría a convocar las plazas de empleo correspondientes mediante una oferta de empleo público. Se trata, de cualquier modo, de los puestos de empleo que ocupaban hasta el 31 de diciembre como trabajadores eventuales estas 22 personas seleccionadas a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Mientras los trabajadores han protestado en el pleno alzando pancartas de protesta, las fuerzas de oposición; PP, IU-CA y PA, han reclamado al Gobierno provincial socialista que solucione el conflicto. José Leocadio Ortega, por parte del PP, ha criticado "el despido de 22 personas para luego cubrir las plazas" y que después los trabajadores originales "ganen en los tribunales su derecho a estas plazas", avisando de que conflictos anteriores han sido resueltos precisamente de tal modo. "Si el proceso de selección de estos trabajadores no fue el adecuado, es responsabilidad de la Diputación. Los empleados no deben apechugar por ello", ha enfatizado.
LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA
El Grupo socialista, y después el propio presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha defendido que los propios informes de la Secretaría General de la institución provincial señalan que la aplicación de este programa "no puede seguir así" y que es necesario cubrirla con plazas de trabajo "de interinidad", aspecto que estaría ligado a la decisión de la Diputación de asumir con sus propios fondos el coste de la aplicación del programa.
"No podemos hacer otra cosa. Es la única solución", ha defendido Rodríguez Villalobos, quien explica que le "hiere" la situación de estos trabajadores y desea "que se queden en esta casa". En ese sentido, ha señalado que la convocatoria pública de empleo relativa a las citadas 20 plazas estipula la exigencia de que los candidatos tengan "tres años de experiencia" en este servicio. "Hemos puesto en la convocatoria, dentro de la legalidad, lo que más les beneficia, porque ellos ya tienen esa experiencia", ha dicho asegurando que la institución hará "todo lo posible" para que estas personas se reincorporen al Programa de Refuerzo de los Servicios Sociales Municipales. El conjunto de la operación, finalmente, ha prosperado con el voto favorable del PSOE e IU-CA y la abstención del PP y el PA.
