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Sevilla

IU, Participa y CCOO apuestan por municipalizar la ayuda a domicilio

Organizan unas jornadas para analizar los retos y ventajas de esta medida

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  • Rueda de prensa -

Abordar los retos que entrañaría una posible municipalización del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento hispalense y concienciar a la ciudadanía sobre las ventajas de esta apuesta es el objetivo que Izquierda Unida, Participa Sevilla y el sindicato Comisiones Obreras se han marcado con la organización de una jornada monográfica sobre este tema que se celebrará el jueves, a partir de las 9,00 horas, en el Palacio de los Marqueses de La Algaba.

En la presentación de esta iniciativa, tanto el portavoz de IU en el Consistorio, Daniel González Rojas, como el concejal de Participa, Julián Moreno, y el secretario de Acción Sindical del Sindicato de Sanidad de CCOO en Sevilla, Luis González, han abogado firmemente por la municipalización de la ayuda a domicilio, al considerar que esta medida implicaría una "mejora sustancial" tanto de la calidad de este servicio como de las condiciones laborales de la plantilla que lo presta, y conllevaría además un "ahorro importante" para las arcas públicas.

Según informa IU en un comunicado, en la actualidad, el Ayuntamiento destina al servicio de ayuda a domicilio un total de 34,7 millones de euros, "encontrándose su gestión en manos de cuatro grandes empresas, cuyo fin no es el interés general sino la obtención de beneficios económicos". "Pese a que el importe de este contrato privado aumenta cada año, lo cierto es que el incremento de esta dotación no tiene una repercusión directa sobre usuarios y trabajadoras", añade.


En este marco, el representante de CCOO, Luis González, se ha preguntado "por qué un servicio público esencial como éste no se presta con medios públicos" y tiene que estar sujeto a los "vaivenes políticos". De este modo, ha incidido en la "gran precariedad laboral" que en estos momentos soporta una plantilla de unas 1.500 trabajadoras, que en su inmensa mayoría son mujeres (90%), "bastantes de ellas en riesgo de exclusión social, que vienen encadenando contratos parciales y cobrando salarios muy por debajo de la mitad del salario mínimo".

Al respecto, González Rojas ha indicado que los nuevos pliegos técnicos sobre ayuda a domicilio aprobados por el gobierno de Espadas (PSOE) "no han servido para dignificar las condiciones laborales de estas trabajadoras, ni para mejorar el servicio, ni tampoco han supuesto la entrada de cooperativas o empresas de la economía social en este sector, como inicialmente se pretendía".

Por el contrario, señala que el contrato ha recaído en cuatro grandes compañías, entre las que figuran constructoras. Por todo ello, el portavoz de IU afirma que el fin de estas jornadas es "sacar unas conclusiones que lleven al Ayuntamiento a plantearse en serio la municipalización y a impulsarla".

Por su parte, Moreno ha desgranado el programa de la jornada, que abarca las vertientes jurídica, laboral y política y que combina, por tanto, la presencia de trabajadores del sector, de juristas que pueden arrojar luz sobre el marco legal de estos procesos, y de concejales de ayuntamientos que ya lo han emprendido o están a punto de hacerlo. Por eso, el edil de Participa se ha mostrado convencido de que este encuentro deparará "interesantes debates" y "servirá para asentar conceptos y avanzar hacia la municipalización de este servicio en Sevilla".

En las mesas está previsto que participen el secretario del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Enrique Flores; el abogado de Autonomía Sur, Luis Ocaña; la concejala de Igualdad y Acción Social del Ayuntamiento de Jerez, Carmen Collado; la edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández; la presidenta del comité de empresa de Clece, Ana Amoedo, y la trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de Pamplona, Pilar Martínez.

Desde IU, Participa y CCOO se insiste, finalmente, en que su apuesta por la municipalización de la ayuda a domicilio no responde a ningún planteamiento ideológico, "aunque estarían en su derecho de hacerlo", sino a una cuestión "práctica y de sentido común" que, entre otras cosas, permitiría "un mejor funcionamiento, un mayor control del servicio por parte de la administración pública, así como la dignificación de las condiciones laborales de la plantilla y la continuidad de las decisiones que se toman desde el punto de vista empresarial".

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