La Fiscalía de Sevilla ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que archive la causa abierta contra María del Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y el exconcejal en el Ayuntamiento hispalense José Antonio García (PSOE), por el supuesto pago por parte de Mercasevilla de las nóminas que habrían percibido cuando estuvieron vinculados a empresas del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas mediante contratos que podrían ser "simulados".
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público alude en este sentido al auto del pasado mes de mayo en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) archivó la causa contra el parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez por presuntos delitos de contrato simulado y malversación de caudales públicos.
"Vistos los argumentos expuestos y tenidos en consideración por los magistrados para declarar extinguida la acción penal por prescripción respecto del delito de contrato simulado y el sobreseimiento provisional y archivo del delito de malversación de caudales públicos, respecto del aforado Carmelo Gómez", la Fiscalía no se opone a que se acuerde por la juez "igual pronunciamiento" respecto de los dos investigados "que se hallan en pareja situación".
No obstante, y "al margen de la conducta" de estos dos investigados, el Ministerio Público considera en el escrito consultado por Europa Press que "se mantienen los indicios" en relación con el pago por parte de Mercasevilla" de cuatro facturas por importe de 263.971,13 euros a favor del entramado societario del investigado Juan Lanzas, dos de ellas a favor de la empresa Maginae Solutions y dos a nombre de empresarios de Granada, "que han declarado no haber realizado trabajo alguno" a Mercasevilla.
La Fiscalía recuerda en este sentido lo argumentado por la juez en la exposición razonada que elevó al TSJA y dice que "de su lectura se desprende que aparecen vinculados todos estos pagos a la cantidad que en concepto de ilícita comisión debía recibir Juan Lanzas por su actuación para conseguir que los fondos públicos de la Junta volvieran a manar para sufragar el coste para la empresa Mercasevilla del segundo ERE, del año 2007".
Todo ello "de forma similar a como ocurrió en el ERE del año 2003, a través de su contacto con el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que llegó a comprometerse por escrito para tal pago, si bien parece desprenderse que, ante la ausencia de trabajos reales, se facturaba por otros conceptos", manifiesta el fiscal, Juan Enrique Egocheaga.
Por ello, pide a la juez que, "simultáneamente" al archivo de las actuaciones, se remita testimonio de las mismas para su unión como anexo documental a la pieza separada de enjuiciamiento que se forme en la causa de los ERE irregulares.
Y todo ello "para la instrucción referente a las ayudas públicas recibidas y en su caso comprometidas por la Junta a favor de Mercasevilla y que sirvió para afrontar el coste de la suscripción de pólizas de renta colectiva en favor de los trabajadores de la empresa acogidos a los planes de prejubilación pactados en las negociaciones de los dos ERE entre empresa y trabajadores".
La Fiscalía recuerda que tal petición de formación de pieza, junto a la solicitud de práctica de diligencias, ya la ha formulado en el caso ERE hasta en dos escritos presentados los días 15 de octubre de 2015 y 27 de junio de 2016.
LA EXPOSICIÓN RAZONADA
El pasado mes de mayo, cabe recordarlo, el TSJA archivó la causa contra el parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez por el supuesto pago por parte de Mercasevilla de las nóminas por un valor total de 8.390,55 euros que habría percibido cuando estuvo vinculado a empresas de Lanzas mediante contratos que podrían ser "simulados".
En la exposición razonada elevada al TSJA, la juez María Núñez Bolaños solicitaba que investigara tanto a Carmelo Gómez como a otras seis personas no aforadas ya imputadas en la causa, en concreto a Lanzas; a su cuñado, Ismael Sierra; al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; al exconcejal José Antonio García (PSOE); a María del Carmen Rodríguez, y al asesor fiscal de Lanzas, José Rodríguez López.
La juez consideraba que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación "derivado de la firma de contratos", de un delito de malversación de caudales públicos, "derivado de los distintos actos de disposición realizados sin control ni causa legítima", y de un delito de falsificación de documento mercantil, "derivados de la confección, presentación y pago de las facturas".
"En línea parcialmente con lo expuesto" por el Ministerio Público, que solicitó el archivo de las actuaciones, el Alto Tribunal Andaluz considera que no existen "indicios suficientes" para abrir una investigación penal contra Carmelo Gómez, ya que "tan sólo se presenta" en la exposición razonada elevada por la juez "una hipótesis excesivamente abierta y carente de elementos de corroboración".
LOS INDICIOS "NO SON SUFICIENTEMENTE INTENSOS"
Y es que Maginae Solutions "recibía fondos, en cantidad apreciable, no sólo de Mercasevilla sino de otras fuentes y, asimismo, realizaba pagos a diversas personas y empresas", por lo que "los indicios no son suficientemente intensos como para entender que los fondos recibidos de Mercasevilla se destinaban por Maginae específicamente al pago de las nóminas de la persona ahora aforada".
"Entendemos, por el contrario, que la investigación hasta ahora desarrollada, sólo permite presumir que la nómina" de Carmelo Gómez "se abonó con fondos privados en el seno de relaciones entre particulares (empresa-trabajador)", asevera el TSJA.
Por ello, añade, "resultaría difícil aislar los fondos recibidos de Mercasevilla por Maginae para poderlos conectar con la nómina recibida" por el diputado socialista, puesto que "si los fondos con origen en Mercasevilla ingresaban en la cuenta de Maginae junto a los otros ingresos a los que anteriormente se ha hecho mención, difícilmente puede extraerse como consecuencia lógica que parte de aquellos fondos que se recibían" de la lonja "fueran destinados al pago de las nóminas" de Carmelo Gómez, quien "por otro lado no consta conociera el origen del dinero que recibía".
