La defensa del expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera ha sostenido, en la presentación del informe final en la causa contra el exdirigente del club por un presunto delito continuado de apropiación indebida en su gestión del mismo que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Sevilla, que el que fuera máximo accionista "no despatrimonializó" la entidad "ni hubo desvíos de dinero a Tegasa y Encadesa", sociedades vinculadas a éste.

Encarnación Molino, abogada de Ruiz de Lopera, ha pedido seis meses de prisión para su cliente, sustituibles por el pago de una multa de 3.600 euros, adhiriéndose así a la solicitud de la Fiscalía en su informe final. El Ministerio Público, que aplica las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, justificó su decisión en base al acuerdo alcanzado el pasado 28 de julio por la defensa del expresidente del Betis con el club y las acusaciones que ejercían las asociaciones Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos.

Por su parte, la única acusación particular, Béticos por el Villamarín --que no suscribió dicho pacto-- ratificó ayer su petición de prisión de 14 años para el ex máximo mandatario del Betis y seis millones de indemnización --rebajada de los 26 millones pedidos inicialmente-- por un delito societario y de apropiación indebida continuado.

La letrada de la defensa ha comenzado su intervención valorando el pacto firmado el 28 de julio, "difundido y publicado" por el club y conocido por los accionistas en la última junta general, "para conseguir la paz de la familia bética y un futuro de estabilidad". En este sentido, ha reconocido que "admiten" una sentencia de conformidad "coincidente con lo pactado". Ha expuesto que, con base a la conformidad, cabe "una sentencia plenamente acordada con la Fiscalía".

Molino ha defendido que la acusación no ha acreditado su tesis de un plan criminal durante 15 años para apropiarse de fondos del Real Betis. Tampoco el abuso de acciones propias de su cargo por parte de Lopera como consejero delegado o presidente. A su juicio, las "vagas" referencias e "imprecisas" a informes periciales en su escrito de acusación "limitan el derecho de defensa hasta un limite inconstitucional".

Sobre la acusación de un delito continuado de administración desleal y otro continuado de apropiación indebida, la abogada ha manifestado que la práctica de la prueba debe llevarse a cabo en la vista oral y la acusación "no ha practicado prueba que desvirtúe la presunción de inocencia de los acusados".

 

"CONTRATOS VÁLIDOS"

En este sentido, ha indicado que se ha acreditado "el apoyo financiero y garantías prestados por Lopera al club". De otro lado, ha resaltado la evolución de la situación económica de la entidad desde la temporada 1991/1992, donde los fondos propios eran menos 110 millones de pesetas, a los que había que añadir posteriormente la venta del Estadio, situaciones de embargo, entre otros. En el año 2007, los fondos propios ascendía a 47,7 millones de euros.

Sobre los contratos entre el club y Tegasa y Encadesa a los que la acusación se refiere cuando dice que "no se corresponden con la realidad y que no tienen causa real y efectiva", y que no existían prestaciones para el Betis, Molino ha señalado que en la temporada 93/94 y en la posterior Tegasa sufrió "pérdidas importantes". "Cómo se puede sostener que la finalidad era el traspaso de dinero del Betis a Tegasa", ha cuestionado la letrada, que ha subrayado que "son contratos válidos y eficaces".

Molino ha defendido la cualificación de los personas que formaron parte de los consejos de administración del Betis durante los años enjuiciados en la causa, entre los que se encuentran abogados, economistas, médicos, entre otros. "A lo largo del juicio preguntamos con reiteración si éstos podían pedir información y tenían documentación y los testigos dijeron que nadie ocultó nada, no lo pedían porque no querían", ha recordado.

De otro lado, ha expuesto la prestación de garantía que realizó el expresidente en contratos, préstamos, pagos de fichajes y demás, un elemento, a juicio de la defensa, "importante" y "contrapuesto a una intención delictiva". "Lopera y sus sociedades prestaron garantía de 200 millones de euros", ha añadido. Estos avales, según ha especificado la defensa, "han traído consecuencias para Lopera" con embargos y denuncias de clubes de fútbol. "Cómo se puede despatrimonializar al Betis así. Estamos en las antípodas de una administración desleal", según Molino.

Sobre el delito continuado de apropiación indebida que solicita la acusación, basándose en algunas operaciones "individualizadas", Molino ha argumentado que el contrato de amortización por Albert Nadj, otro de opción de compra de jugadores del CSKA y un contrato con Europeski están recogidos en una sentencia firme del juzgado de lo Penal número 10, por lo que "no cabe dos procedimientos por los mismos hechos".

De otro lado y sobre otras operaciones expuestas por la acusación, la rescisión del contrato del jugador Roberto Ríos (año 1997), la cesión de 20.662 acciones en 1995 a Farusa como pago de una deuda "ficticia" y el pago de un delito fiscal en 2005, Molino ha manifestado que "no hay continuidad delictiva, ni homogeneidad en el modus operandi". La letrada, que ha considerado "vergonzoso" enjuiciar hechos del año 1995, ha expuesto que el delito de apropiación indebida cuenta con una prescripción de diez años, por lo que dos de estos casos estarían prescritos.

Tras un breve receso de la sesión y que ha motivado que coincidan en los pasillos de la Sección Tercera los investigados en la causa contra Lopera y en la conocida como pieza política de los ERE, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Molino ha abordado el informe pericial de Francisco Velasco, al que ha considerado "alejado de objetividad e imparcialidad", por lo que ha implorado al tribunal que no lo tome en consideración.

Con respecto al periodo de análisis de la pericial, de la temporada 93/94 a la 07/08, Molino ha indicado que los peritos "se exceden más allá de sus límites cuando perjudica a los encausados y cuando beneficiaba la tesis de la defensa se ceñían al periodo de análisis". Para la letrada, el informe "contiene un ejercicio de imaginación ajeno al derecho penal" y está "tendenciosamente incompleto".

 

"PARA QUIÉN SON LOS SEIS MILLONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL"

La defensa ha cuestionado a la acusación "para quién son los seis millones que pide al expresidente como responsabilidad civil", pues Béticos por el Villamarín "no tiene legitimación y no es la perjudicada" y el Betis, el perjudicado, ha reconocido públicamente "que ha sido resarcido económicamente" con el acuerdo del 28 de julio, por lo tanto "no cabe condena a indemnización alguna".

Molino ha solicitado las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño. Esta segunda, a su juicio, está más que acreditada después de que con la firma del acuerdo transaccional del 28 de julio, el Real Betis, la parte perjudicada, y las otras acusaciones, la Liga de Juristas Béticos y Por Nuestro Betis, desistieran del proceso y renunciaran a las acciones penales y civiles. Además, ha recordado que el fiscal "no reclama responsabilidad civil alguna porque el perjudicado ha sido satisfecho".

Por último, la defensa de Lopera ha solicitado la condena en costas a la acusación particular de Béticos por el Villamarín, cuya actuación ha calificado de "pertubadora y temeraria". "Si este juicio sigue abierto es por la conducta de la acusación particular", ha concluido. El juicio continúa este miércoles a las 09,30 horas con los informes finales de las defensas del resto de acusados.