Jesús Pérez, el abogado de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de 'La Manada' condenado a nueve años de prisión por la Audiencia de Navarra por un delito de abuso sexual con prevalimiento contra una joven en los Sanfermines de 2016, ha afirmado que su cliente por el hecho de ir a dependencias policiales en Sevilla para pedir información sobre la situación de su pasaporte, que está caducado, "no ha incumplido ni quebrantado" las medidas cautelares fijadas por el tribunal para su puesta en libertad la semana pasada.
La Policía Nacional informó este jueves de que el pasado lunes Guerrero intentó renovar el pasaporte a pesar de tener prohibido abandonar territorio español. Por este motivo, este viernes la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha requerido al jefe superior de Policía Nacional de Andalucía Occidental que informe "de inmediato" a la sala acerca de estos hechos.
En una providencia fechada este jueves, día 28, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal que ha juzgado el caso de La Manada recoge el acuerdo adoptado a raíz del tuit de la Policía Nacional publicado ayer en el que manifestaba que Guerrero ha intentado obtener su pasaporte.
Así, los magistrados requieren al jefe de la Policía Nacional de Andalucía Occidental para que informe "de inmediato" acerca de si el condenado compareció en la oficina de pasaportes y DNI de Tablada (Sevilla), qué día y a qué hora compareció, y si tenía cita previa y de ser así quién la solicitó y qué día.
También solicita identificación de los funcionarios de la Policía que le atendieron, los términos en que se desarrolló la conversación y si Guerrero exhibió el auto de la Audiencia de Navarra en el que se le imponía la obligación de entregar el pasaporte, así como las razones por las que "dicha comparecencia no fue puesta de inmediato en conocimiento de este tribunal".
Asimismo, la Sala requiere a la oficina de pasaportes y DNI de Tablada para que le informe también de los detalles solicitados a la jefatura de la Policía Nacional de Andalucía Occidental y sobre si la comparecencia de Guerrero en la oficina se puso o no en conocimiento de sus superiores, en qué momento, "si fue el mismo día o con posterioridad".
Este mismo jueves, la Fiscalía solicitó al tribunal que convoque una nueva comparecencia con este miembro de 'La Manada' y en la misma solicitará la medida cautelar de ingreso en prisión "ante el riesgo de fuga manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida expresamente acordada en el auto de que no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro".
En declaraciones a los medios este viernes, el abogado ha señalado que su cliente se personó, tras pedir cita, en la Oficina de Expedición de DNI y pasaportes de la Policía Nacional en Tablada, en Sevilla, después de que el pasado viernes tras salir de la prisión, llamara a la Policía Nacional para solicitar información sobre el estado de su pasaporte y le indicaran que tenía que acudir a una comisaría.
El lunes, según el letrado defensor, fue con su padre, que llevaba el auto de libertad provisional, a Tablada y explicó la situación en la que se encuentra. Entonces le dicen que "no pueden expedirle el pasaporte y que al estar caducado no tiene que presentar nada en el juzgado". Tras eso se va "sin ningún problema", ha añadido.
ES UN "MALENTENDIDO" DE LA POLICÍA
Para el letrado, "no hay delito, ni incumplimiento, ni quebrantamiento", sino "un malentendido por parte de la Policía, que con posterioridad, días después de acudir a la comisaría" ha publicado el tuit en el que señalaba que Guerrero había intentado renovar el pasaporte cuando "iba a pedir información".
El abogado ha admitido que tenía conocimiento de lo que la actuación de Guerrero, quien "estaba preocupado" por el auto de la Audiencia de Navarra, que es "muy exigente, minucioso y contiene muchas medidas".
"Dentro del temor que tiene por cumplir con rigurosidad todas las medidas del auto y por un exceso de celo, empezó a llamar por teléfono a la Policía Nacional para conocer la situación de su pasaporte", que tenía que entregar al juzgado en un plazo de cuatro días tras la puesta en libertad. "Quería cumplir con la medida lo antes posible", ha insistido.
Tras la consulta, le dicen que "no tenemos nada que hacer, ni siquiera le emiten un certificado, porque al estar caducado le dicen que no tiene que hacer nada". Entonces el letrado ha emitido un escrito al juzgado explicando la situación.
Jesús Pérez, que ha reiterado que "no es una situación de gravedad ni incumplimiento ni quebrantamiento para levantar la libertad", ha preferido no calificar el tuit de la Policía, anunciando que no quieren actuar "contra nada ni contra nadie, sino estar tranquilos".
Ha confiado en que "las explicaciones sean comprensibles" para el tribunal y no se fije la comparecencia pedida por la Fiscalía. Ha calificado la actuación de su representado como de "exceso de celo para cumplir con rigurosidad las medidas impuestas", apuntando que lo ocurrido es una prueba de que "se le va a mirar con lupa". No obstante, ha indicado que la Policía Nacional "no vio gravedad" en su actuación "inocente".
MEDIDAS CAUTELARES
Los cinco condenados a nueve años de prisión fueron puesto en libertad la semana pasada en espera de sentencia firme al entender el tribunal que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. Según el auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra en la que ordenaba su puesta en libertad, los miembros de 'La Manada' tienen como obligación comparecer todos los lunes, miércoles y viernes ante el juzgado de guardia de su residencia, por el momento Sevilla, y cuantas veces fueren llamados por la Audiencia de Navarra, así como comunicar cualquier cambio de domicilio o teléfono.
Además de la fianza de 6.000 euros, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra dictó varias medidas cautelares para los cinco acusados. En concreto, tendrán que designar un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en tales domicilios de inmediato se expedirá la correspondiente requisitoria.
También se fija para ellos la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, con obligación de hacer entrega del pasaporte de que disponga ante el tribunal dentro de los cuatro días siguientes a su puesta en libertad, así como la prohibición de obtenerlo en el futuro.
De la misma manera, les impuso la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid y la prohibición de comunicación con la víctima.
