Espadas, en su discurso inaugural del IV Foro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abogó por que los ayuntamientos españoles, previa reforma de la ley reguladora de las Haciendas Locales, gocen de autonomía “para fijar marcos propios de financiación a través del turismo”. Por tanto, el alcalde, que hasta ahora se ha enfrentado a la negativa en tal sentido de la Junta de Andalucía incluso cuando la gobernaba su propio partido, confía en que el nuevo Gobierno de España, se forme cuando se forme, le dote del instrumento legal para imponer una tasa turística que, según sus propias palabras, se dedicaría a la rehabilitación del patrimonio histórico-artístico, sería de un euro por noche de pernoctación y por tanto se podrían recaudar tres millones de euros anuales, si bien posteriormente elevó su estimación a los cinco millones.
Este asunto ya lo abordamos aquí en noviembre de 2016, en un anterior análisis titulado ‘La tasa (turística) de la discordia’, al que remito. Desde entonces a la fecha se ha producido un significativo cambio en el discurso municipal: ya no se habla de destinar el dinero que se recaude a la promoción de Sevilla y por tanto a captar más turistas mientras se dice de forma contradictoria que hay que luchar contra la masificación de visitantes, sino a la preservación del patrimonio.
Pues en tal caso hay que destacar que en Sevilla ya existe una tasa turística encubierta con tal finalidad y con esa misma previsión de recaudación de tres millones de euros: la subida del precio en dos euros de las entradas del Alcázar (de 9,5 a 11,5 euros), que entró en vigor en enero del año en curso con esa justificación patrimonial de que así se obtendrían más fondos para rehabilitar monumentos de la ciudad.
Dinero del monumento
Pero, ¿qué garantía existiría de que el dinero de esa tasa turística añadida que ahora pretende Espadas se destinaría a tal fin y no a otro muy distinto? Rememoremos. En 2005, con Monteseirín como alcalde, el Ayuntamiento decidió que con los fondos del Real Alcázar se pagara la conservación de las Casas Consistoriales, motivo por el cual presentó su dimisión como miembro del Patronato del monumento la ex alcaldesa Soledad Becerril, la cual fue secundada por algún que otro personaje ilustre de la ciudad.
El término conservación se convirtió en un cajón de sastre en el que cabía todo, hasta el pago de la reposición de las bombillas que se fundían en la sede de Plaza Nueva. Cuatro años más tarde (2009), Monteseirín ordenó que seis millones de euros del superávit acumulado en las cuentas del Alcázar se destinaran sin disimulo alguno al pago de gastos corrientes del Consistorio.
Tras el malestar del Patronato por esta política, Monteseirín cambió aparentemente de táctica en 2011 y decidió que el Alcázar transfiriera cada año un millón de euros para la conservación de bienes patrimoniales municipales (concretamente, el Antiquarium, el castillo de San Jorge y el Centro de la Cerámica).
En los ocho años transcurridos desde entonces se debería haber invertido ocho millones en los monumentos citados y tenerlos de dulce en vez de descuidados hasta el extremo de que una de las puertas del Antiquarium se desplomó sobre un grupo de visitantes y causó serias heridas a algunos de ellos y que ha habido que cerrar durante diversos periodos los bienes sitos en Triana por la falta de aire acondicionado, filtraciones de humedad u otras incidencias.
Y es que los fondos que aparentemente se iban a destinar al patrimonio municipal acabaron, como denunció Ciudadanos, en las cuentas del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), que lo utilizó a su antojo y conveniencia, también para el pago de sus gastos corrientes. O sea, lo mismo que había hecho Monteseirín anteriormente en las Casas Consistoriales. Simplemente se cambió el destino del dinero pero no la forma de manejarlo.
Nuevo acuerdo
Tras estos antecedentes y debido a la firme posición de los miembros independientes del Patronato del Alcázar, el delegado de Cultura, Antonio Muñoz, declaró en septiembre del año pasado lo siguiente: “La aportación que hacía el Alcázar hasta ahora era de un millón, pero como consecuencia de la subida de las entradas se incrementa a tres (millones) y donde antes iba a la caja común del Presupuesto, ahora se vincula a la rehabilitación de edificios históricos. No se va a poder destinar ni un euro -añadió- a ninguna cuestión que no sea ésta”.
Y es que el Patronato del Alcázar se opuso a que el exceso de recaudación por la subida del precio de las entradas en dos euros se destinara de forma genérica a la promoción de la ciudad y exigió que se empleara en edificios propiedad del Ayuntamiento, preferentemente declarados bien de interés cultural, en situación de conservación delicada, con proyectos ya redactados por Urbanismo para acelerar los trabajos y no concentrándolo todo en un solo inmueble (por ejemplo, en Santa Clara o en Artillería) sino repartiendo el dinero por varios.
Según el texto que se preparó del convenio, el Patronato del Alcázar, una vez formalizadas las recaudaciones mensuales por venta de entradas, ingresará en la entidad bancaria y en la cuenta que le señale el ICAS el importe correspondiente a la liquidación de tres euros por cada entrada general vendida.
Retraso
Se previó en el acuerdo la creación de una Comisión de Seguimiento del destino y uso del dinero que debe estar compuesta por tres miembros del Patronato del Alcázar y por tres del Ayuntamiento, sin que nueve meses después de la subida del precio de las entradas al monumento en dos euros con fines teóricamente patrimoniales se tenga noticia de la constitución de la misma.
Item más, en otra demostración del grado de preocupación del gobierno por el patrimonio en cuyo nombre pide otra tasa turística que añadir a la que ya sin tal nombre aplica a las entradas al Alcázar, ha tardado más de la cuenta en designar a los nuevos miembros del Patronato del monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Tradicionalmente la composición del Patronato se acordaba en el primer Pleno del Ayuntamiento tras el de constitución de la nueva Corporación emanada de las elecciones municipales. Han tenido que pasar más de tres meses desde la toma de posesión de Espadas como alcalde para tal designación, por lo que en este tiempo el órgano de gobierno del principal monumento de la ciudad ha estado tan en funciones como Pedro Sánchez y su gobierno, a la espera no se sabía si de Godot, el personaje de ficción de Samuel Beckett, o de que Benito Navarrete, el principal asesor cultural de Zoido (PP), aceptara por fin su nombramiento como patrono por el alcalde del PSOE, Espadas.
Incógnitas
Si todo esto ha ocurrido desde hace años con el dinero del superávit del Alcázar, utilizado por el Ayuntamiento para cualquier cosa (mantenimiento de ascensores, equipos de aire acondicionado…) antes que para rehabilitación del patrimonio, ¿qué garantías existen de que no ocurriría lo mismo con la tasa turística patrimonial que propugna Espadas? ¿Quién controlaría el uso del dinero recaudado? ¿Por qué tendrían que recaudarla sólo los hoteleros y pagarla sus clientes y no quienes se alojaran en apartamentos turísticos? La conservación del patrimonio parece una coartada para implantar otro instrumento recaudatorio en la ciudad. Total, como la pagarían los turistas…
Dos euros más por entrar en el Alcázar, uno añadido por cada miembro de la familia y noche de pernoctación en un hotel… ¿Y si un día a los turistas les da por echar cuentas y comparar Sevilla con otros destinos, cercanos o lejanos, más baratos, allí donde no impere sobreprecio alguno?
