El alto tribunal ha admitido parcialmente los recursos del fiscal, el juez y la mujer que iba a adoptar contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que le condenó por un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia con la agravante de desprecio de la orientación sexual.
El Supremo, no obstante, en lugar de ese delito aprecia ahora el de prevaricación, tal y como solicitaron el Ministerio Fiscal y la acusación particular.
La Sala de lo Penal del TS considera que la intención del juez era impedir la aplicación de la solución adoptada por la ley, –que admitió el matrimonio entre personas del mismo sexo y previó el supuesto de que el adoptado fuera hijo del consorte del adoptante– aunque “actuara en paralelo a una ideología jurídica o metajurídica propia o de algún sector social”.
Además de la pena de inhabilitación, el TS impone a Ferrín Calamita una multa de 720 euros y una indemnización de 6.000 euros para la mujer que pretendía adoptar.
El TSJ de Murcia concluyó que el juez, –que se encuentra suspendido–, llevado por su convicción de que el matrimonio homosexual es dañino para los menores, quiso “retrasar al máximo la resolución del asunto, bien por la esperanza de que prosperara el recurso formulado por un partido político –el PP– o bien para aburrir”.
El Supremo considera que los acuerdos adoptados por el juez no sólo implican unas “injustas resoluciones retardatorias” sino también un “despliegue de activa obstrucción beligerante” para impedir la aplicación de la ley, especialmente –añade– cuando trataba de cuestionar la idoneidad para la adopción por la orientación sexual de la mujer.
Aunque recuerda que la ley establece el interés superior a proteger es el del menor, para lo cual tendrá que tenerse en cuenta la idoneidad de los adoptantes, el TS sostiene que en este caso la adopción ha sido “anormalmente desplazada en el tiempo”.
Este retraso respondió –dice el Supremo– al conflicto que se le planteó al juez entre la protección al menor y las circunstancias de la adoptante y su cónyuge, que radicaban en que eran dos mujeres.
El juez –destaca la sentencia– cualquiera que fuera su ideología jurídica o metajurídica tenía “el deber de adaptarse en su quehacer judicial a la solución ya tomada por la ley".
Ferrín Calamita adoptó “una pluralidad de acuerdos intencionada e injustamente retardatorios”, además de “un despliegue de una activa obstrucción beligerante para impedir la efectiva aplicación de la voluntad legislativa”.
