El Ayuntamiento tendrá que hacer frente a 1.003.703,04 euros por realizar contratos por debajo del convenio colectivo. Algo que los trabajadores llevan denunciando desde el primer Plan de Empleo de 2014, con Alfonso Cándon como alcalde; una situación que se prorrogó en 2017, bajo el mandato del socialista De la Encina y de cuyas contrataciones, en medio de un cambio de gobierno, se benefició el actual gobierno de Beardo -el único que puso freno a esta situación y que no ha vuelto a convocar, de momento, ningún Plan de Empleo-. De todas las demandas y contratos que se han hecho desde 2014, año en el que se realizaron 206 contratos, la Justicia solo ha dictado sentencia a favor del trabajador en el último plan. Siendo desestimadas aquellas interpuestas en la etapa de Candón. El hecho no ha sido aislado, otros ayuntamientos -como el de Sevilla y San Fernando- han sido condenados a pagar.
Las contrataciones habían aplicado el convenio del Ayuntamiento en vez del convenio general; ahorrándose una suma importante que años más tarde el consistorio tendrá que abonar. Los juzgados dan la razón a 62 trabajadores de los 300 que en su día fueron contratados en el marco de los Programas Emple@Joven, Emple@ 30+ y Emplea 45+. Un plan de empleo financiado por el Fondo Social Europeo en base al Programa Operativo Andalucía 2014-2020. Por el momento, las demandas contra el Ayuntamiento ascienden a 77; 62 ya tendrían fallo judicial a favor del trabajador que habría cobrado menos de lo que se le tenía que pagar por la interpretación técnica de personal.
Por aquel entonces, el Ayuntamiento se habría opuesto a acoger los contratos afirmando que "el contrato de trabajo se suscribió entre las partes en virtud de un plan de empleo subvencionado, y sujeto a unas previsiones económicas que determinaban la cantidad a percibir en concepto de salario"; por otro lado, afirmaba que "el contrato de trabajo era temporal y de formación del trabajador, no equiparable al resto del personal laboral del ayuntamiento". Algo con lo que no estaban de acuerdo los demandantes: "el Ayuntamiento empleador, aunque contratase en el marco de una normativa que tenía por objeto promover el empleo joven, tuvo que recurrir a alguna de las modalidades contractuales establecidas en el ET y a esta norma hubo de atenerse para establecer los derechos y obligaciones de la relación laboral. Sin que, se pudiese amparar en una norma autonómica dictada por una Comunidad Autónoma que carece de competencia para regular las relaciones laborales. En definitiva, el Ayuntamiento olvidó que la subvención, como su nombre indica, es sólo una ayuda económica para el mantenimiento de una actividad y el fomento de empleo en este caso, pero no una excusa para incumplir con la normativa laboral en materia de retribuciones."
Del monto de 1.003.703,04 euros, el Ayuntamiento de El Puerto ya ha abonado 632.963'49 euros, cantidad correspondiente a 46 sentencias. Quedarían pendientes de abonar 16 demandas con sentencia, por un importe total de 193.000 euros y otras 15 sin sentencia que, por lo que se calcula podría sumar a esa cifra 176.425'64 euros más. Dinero que sale del Presupuesto Municipal, es decir, del dinero de los portuenses.
Tal y como ha podido comprobar este medio, los expedientes de estas contrataciones no fueron objeto de envío para fiscalización, es decir, nunca llegaron a intevención por lo que nadie fiscalizó si estaban hechos correctamente.
Se calcula que en el caso de que hubieran denunciado los 300 trabajadores afectados, el Ayuntamiento tendría que asumir, años más tarde, en torno a 3.910.531, 32 euros. Se trata de una estimación, vistas las sentencias.
